Fue una confesión: “El dinero es de arriba”. Esta es la frase del seudo empresario Lázaro Báez, que pese a estar grabada y haber sido aportada como parte de una prueba a investigar; había sido rechazada por el entonces cuestionado Juez federal Sebastián Casanello, en tiempos en que parte del poder Judicial parecía mas preocupado en “borrar” las huellas de los delitos por corrupción que por avanzar en su esclarecimiento.  
Pero ahora, tras varios años “cajoneada” esa prueba grabada en un audio será analizada como parte de la causa denominada “Ruta del Dinero K”, que alude directamente a los miles de millones de la trama de licitaciones de obras y negocios turbios que tuvieron como escenario del delito la provincia de Santa Cruz.
En este contexto, fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Mariano Llorens, aceptaron la apelación de la asociación civil “Bases Republicanas” ( que fue aceptada como querellante)  y ordenaron que el juez de primera instancia Sebastián Casanello vuelva a analizar el pedido en una audiencia con las partes.
Según acaba de trascender en el tramo del expediente que involucra a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal pidió que se analice como prueba la grabación en la que se escucha hablar al empresario amigo de Néstor Kirchner; puntualmente hablando de los millones que manejaba. 
En paralelo, este  expediente sigue su trámite con otras medidas de prueba.

¿Un “mensaje” de Lázaro?

La investigación volvió a tomar curso, luego que la Cámara Federal aceptara  un pedido de la ONG  para que se analice si debe ser admitida como prueba en la llamada causa “Ruta del dinero K” un audio del empresario Lázaro Báez en el que dice que el dinero que manejaba no le pertenecía, sino que era de alguien de “arriba”.
Se trata de una conversación telefónica que consta en una causa judicial de Lomas de Zamora en la que Báez refiere que su dinero era de alguien de “arriba”. Bases Republicanas pidió que sea incorporado como prueba en la causa por la “Ruta del dinero K”. Allí el empresario fue condenado a 10 años de prisión, lo que hoy está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero está pendiente el tramo que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El pedido de incorporación del audio fue rechazado por el juez Casanello y apelado a la Cámara Federal.
De acuerdo a información publicada por el portal de noticias Infobae: “el juez Farah señaló que aceptar o no una prueba es una facultad exclusiva del juez que investiga el hecho pero en este caso “se ha alegado suficientemente la concurrencia de arbitrariedad en la respuesta otorgada en la anterior instancia. Tal un supuesto en que se ha aceptado realizar excepción al principio citado”.
Más allá de lo que pueda definirse después sobre el fondo, entiendo que en este contexto la vía de revisión debe ser habilitada, para que se dé trámite al recurso y se escuche en audiencia los argumentos de los litigantes”, sostuvo Farra de acuerdo al mencionado portal.
En la misma línea, Llorens aceptó el planteo “frente a la naturaleza de los agravios que formuló el querellante en su recurso –sostuvo arbitrariedad en la denegatoria del curso de acción que promovió en ejercicio de su rol en la causa- y a los antecedentes que invocó en favor de su postura».
De este modo, a partir de ahora cada palabra dicha por Lázaro en esa grabación podría reforzar indicios del origen del dinero y podrían conducir a la fortuna de la familia Kirchner. 
Quienes siguen de cerca el caso, saben que Báez mantiene un encono con Cristina y Máximo a quines acusa de haberle “soltado la mano” y “entregarlo” para salvarlo. Por eso, lo dicho esa grabación pareciera ser que fue un mensaje directo para que quedará en claro quien era el “jefe” de esas maniobras delictivas que fueron parte del entramado de corrupción en la denominada “Década Ganada”.

¿Fin del encubrimiento?

Hay que recordar que en la causa, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió en mayo del 2023 el sobreseimiento de Cristina Kirchner al entender que, tras una década de medidas, no se había podido acreditar su vinculación con ese lavado de dinero, más allá de la certeza de ”la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Marijua, había protagonizado aquella “búsqueda del tesoro” en la provincia de Santa Cruz, procedimientos que tuvieron una amplia cobertura de los medios y generaron gran atención ante la posibilidad de que se encontrara “dinero enterrado”, como habían mencionado algunos testimonios. Esa búsqueda tuvo como epicentro las propiedades de Lázaro y las estancias que regenteaba o figuraba como propietario. Luego de que esos allanamientos tuvieran resultados negativos, la causa y los argumentos comenzaron a caer en descrédito hasta que todo quedó en la nada. A fin de cuentas, todo pareció un montaje para lograr llevar la causa a un punto final.
Ante esa posibilidad “Bases Republicanas” pidió ser parte de la causa para sostener que “Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner”. En respuesta, Casanello rechazó que fueran querellantes en esta instancia del proceso, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta. Entonces,  Marijuan debió volver a pronunciarse y ratificó el pedido. En ese contexto fue que la querella pidió la nulidad del dictamen y recusó a Marijuan por pérdida de objetividad. Casanello a los dos planteos les dijo que no.
El expediente sigue su trámite con medidas de prueba, entre ellas un estudio contable que ordenó el juez en febrero pasado para determinar si los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, a sus familiares o allegados a sus empresas.
El magistrado le ordenó el trabajo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora también deberá volver a analizar si acepta incorporar como prueba el audio del empresario. Finalmente, el magistrado le ordenó el trabajo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora también deberá volver a analizar si acepta incorporar como prueba el audio del empresario.