La demanda del Estado Nacional a través de Vialidad Nacional es de más de 22 mil millones de pesos en concepto por daños y perjuicios; pero la ex presidente Cristina Kirchner no para de obstaculizar las medidas judiciales, pidiendo incluso que se archive el expediente por supuesta caducidad de las acciones contra ella en la Justicia Civil.
Ya a principios de este año, Cristina ordenó a sus representantes legales que avancen con el reclamo de «caducada» la demanda que se había impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri. La acción en la Justicia Civil que se impulsaba apuntaba a que la expresidenta, junto a Lázaro Báez y otros exfuncionarios, respondieran con su patrimonio por el perjuicio económico causado al Estado, estimado en $22.300 millones.
En marzo de este año el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 2 rechazó el planteo de los abogados de Cristina en la causa que se desarrolla paralelamente a la Denominada Causa Vialidad – por la corrupción en las obras publicas de la provincia de Santa Cruz – en donde ya había sido condenada por administración fraudulenta.
Hay que recordar que el fallo en primera instancia fue confirmado luego por la Cámara de Casación, ratificando una pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El 31 de marzo pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Villar, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ampliará la condena contra la ex presidenta a 12 años de prisión porque entendió que también estaba probado que existió una asociación ilícita, además de administración fraudulenta.
En esta última instancia la Corte trasladó el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal para que se pronuncie al respecto. Si bien la resolución de Casal no es vinculante, sería el ultimo escollo administrativo para que la condena a Cristina quede firme o se amplié la condena.
Ante la inminente resolución judicial que sellaría su presente y su futuro político – el fallo incluye la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos – Cristina volvió a hacer un movimiento desesperado para que al menos no avance la demanda civil que la obligaría a devolver al menos parte de los millones robados mediante las maniobras fraudulentas e ilegales probadas en el juicio.

Sin impunidad

Ante un nuevo intento para evitar responder con su patrimonio al saqueo de la obra publica santacruceña fue Vialidad Nacional la que presentó un rechazo a este recurso extraordinario impulsado por la defensa de Cristina.
«No ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia», dice el escrito y confirma que se sumaron «los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal».
Vale mencionar que esta demanda por daños y perjuicios fue iniciada en agosto de 2019 por Vialidad Nacional. Con el objetivo de recuperar parte de los fondos públicos desviados en el esquema de corrupción en la obra pública.
El monto de $22.300 millones corresponde al 50% de las licitaciones adjudicadas a Báez que nunca se completaron. En el juicio penal, el Tribunal Oral Federal 2 determinó que existió una «maniobra fraudulenta extraordinaria» que perjudicó las cuentas del Estado.
En los fundamentos de la condena, los jueces señalaron que la defraudación total ascendió a $85.000 millones. Tomando en cuenta la actualización por inflación y el impacto sobre las cuentas públicas.
Con estos antecedentes, el reclamo civil cuenta con mayores fundamentos para su continuidad.
Hay que recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández, el reclamo quedó paralizado. En ese momento el Procurador del Tesoro era Carlos Zannini y no promovió medidas para avanzar en la demanda. No solo esto, sino que el gobierno kirchnerista removió a los abogados que representaban a Vialidad Nacional en el expediente.
Ahora, el gobierno de Javier Milei da nuevamente impulso a las acciones Civiles, recalcando que nunca se paralizó el expediente y puntualizando que los avances en la causa Penal sustentan la continuidad del reclamo para que Cristina y sus «socios» en el delito devuelvan la plata robada.