El Consejo de la Magistratura de la Nación citó al Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque para que concurra a una audiencia el próximo 17 de junio a la sede del organismo, en donde será notificado de la determinación de ser desplazado de su cargo.
La resolución del organismo judicial colegiado se conoció en la sesión mantenida este jueves en donde sus integrantes concluyeron que los hechos por los cuales analizó la conducta del Bailaque son causa suficiente para su destitución del cargo por mal desempeño.
De la prueba reunida en este expediente, es posible tener por acreditado, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial», dice el dictamen redactado por los consejeros Alvaro González y Alberto Maques y aprobado por la Comisión de Acusación.
Lo dispuesto fue votado por unanimidad, aunque contó con la abstención de la diputada santacruceña Roxana Reyes quien se abstuvo de participar durante todo el proceso.
Hay que mencionar que Bailaque había sido juez de Instrucción Penal en Caleta Olivia provincia de Santa Cruz, en donde había desarrollado casi toda su carrera judicial hasta 2028 cuando fue designado como Juez Federal en Rosario, Santa Fe.
En marzo de este año, cuando se avanzaba en la denuncia contra el magistrado por supuestos vínculos con el narcotráfico, Reyes decidió apartarse de la investigación que debía impulsar la acusación del Consejo de la Magistratura.
Esto ocurrió ya que la diputada santacruceña tenía en su equipo de asesores a Juan Manuel Quintero, abogado que fue designado por el juez federal como su defensor. Frente a esta «maniobra» de Bailaque, Reyes que hasta ese momento era la miembro designada para llevar adelante la acusación debió excusarse de ese rol y a partir de entonces se mantuvo al margen del proceso.
Un escándalo
Si bien el impacto inmediato de la destitución de Bailque tendría repercusión en los fueros federales y sobre todo en Santa Fe donde se libra una verdadera lucha contra el narcotráfico; en Santa Cruz el tema es seguido con atención de manera mas «anecdótica», dado su paso por el sistema judicial provincial de los ´90 y ´2000. Pero tal vez el de Bailaque sea un caso emblemático de cómo la política en tiempos «kirchneristas» comenzaba a «coptar» al Poder Judicial.
Muchos señalan que en su paso por Santa Cruz, el ahora juez a punto de ser destituido estableció una amistad con Carlos Zannini (y Carlos Kunkel, quienes por al menos dos décadas ocuparon altos cargos de poder y se constituyeron como verdaderos operadores judiciales. Más allá de estas referencias y fuera de especulaciones, lo cierto es que luego de mas de 15 años al frente de la justicia federal rosarina, Bailaque enfrenta no solo la posibilidad de ser apartado del cargo sino que la investigación en su contra lo enfrentará a un proceso judicial escandaloso.
La investigación
Según precisó el portal de noticias Infobae: Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.
La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.
En el plano judicial, la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del juez pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, los camaristas le redujeron de $1.400 millones a $600 millones el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias. Y se mantuvo la prohibición para salir del país.