Un reciente informe con datos oficiales reveló que 90.302 personas están empleadas de forma directa en el Estado provincial, lo que representa el 27% del total de la población de la provincia.
En términos concretos, queda claro que un porcentaje significativo de los santacruceños tienen una dependencia directa de salarios vinculados al empleo público.
La pregunta que dispara un debate impostergable es si esto es bueno o malo, positivo o negativo para el desarrollo de una provincia, sobre todo teniendo en cuenta su densidad demográfica, su estructura productiva y su potencial a desarrollar.
Este debate no sólo es central, sino que como se ha dicho, es impostergable en Santa Cruz donde por treinta años se fomentó un sistema soviético donde el Estado era el «gran proveedor» incluyendo el empleo; en una dependencia monolítica que a su vez generó absoluto control social y de la masa laboral.
No se trata de una opinión, es un dato de la realidad: quienes son parte del gran engranaje de la administración publica lo saben y lo padecieron por años; mientras el «gran Estado K» abandonó al sector privado a su suerte y eliminó toda posibilidad del desarrollo productivo y económico.
En tiempos en donde los cambios de paradigma son fuertes, veloces y profundos, la idea de los «Estados «factótum» ha quedado absolutamente descartada en una ecuación para el crecimiento.
Menos Estado, menos gasto publico, menos ingerencia estatal en lo individual y sobre todo más libertad, son las consignas que se arraigan hoy en el país, con cambios que se dan de manera dispar en cada región.
La «batalla cultural» que se plantea respecto a la «incidencia» que tiene el sostenimiento del empleo público masivo con relación a las posibilidades de crecimiento genuino de una comunidad, no es sólo dialéctica. Las consecuencias tienen impacto en personas.
No es una cuestión de números fríos o de planillas de Excel, y por eso abordar este tema es fundamental y para Santa Cruz absolutamente necesario.

¿Que significa ser estatal?

Es cierto que en el caso de la Patagonia la estrategia de poblamiento siempre estuvo ligada a la avanzada estatal en base a estructuras administrativas; pero luego, poco y nada se hizo para desarrollar sus bases productivas.
Aquí claramente hay una responsabilidad política ineludible; y es entonces cuando uno debiera esperar que los actores de la política abandonen sus discursos condescendientes, demagógicos y melosos y abran un debate serio, concreto y con ideas, no con eslogan baratos como el del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso diciendo que los trabajadores del Estado defienden la soberanía. Ese sólo comentario prácticamente lo deja afuera de una discusión inteligente. Aunque no habría que olvidar que él, como funcionario, fue parte de esa maquinaria que durante décadas sumergió a la provincia en el abandono y al atraso; incluido la falta de respuestas a las demandas laborales para los ciudadanos que en último caso, solo encontraron una posibilidad de sobrevivir ingresando a las filas del empleo publico.
Las declaraciones de Grasso difundidas en el diario Tiempo Sur vinieron supuestamente a «cruzar» (término inapropiado que usan los medios berretas cuando quieren expresar que una persona «cuestiona» a otra) al gobernador Claudio Vidal quien se refería a las demandas salariales expuestas por el sector gremial estatal.
«Muchos se quejan de los salarios del Estado. Es cierto, pero no es culpa nuestra, esto viene mal hace muchos años y estamos recuperando de a poco ahora», dijo Vidal en dialogo con los medios locales en una improvisada rueda de prensa frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia.
Pero el gobernador fue más lejos aún con su critica: «Muchos se quejan, pero nadie se va del Estado. Nadie se va del Estado. Todos se quieren quedar en el Estado», insistió. Estas declaraciones se dan en medio de reclamos de ATE y de un conflicto que tiene como epicentro la localidad de Los Antiguos.
Hay que recordar que la provincia cerró sus paritarias y los porcentajes estuvieron por encima de los acuerdos que se dieron en los principales sectores, en un acuerdo que había incluido una «cláusula gatillo» para superar los índices de inflación. Es en este contexto en el que Vidal cuestionó a la representación sindical de los estatales y dijo: «a veces la dirigencia también comete errores y después no se hace cargo».
El tema respecto a la negociación salarial pudo haber quedado ahí, pero el gobernador avanzó sobre el tema y puso sobre el tapete de la opinión publica un tema que en años nadie quiso abordar: el Estado como dador de empleo.
Fue cuando Grasso recogió el guante y aprovechó para confrontar (léase «chicanear» según los medios berretas) y como ocurre habitualmente en la política ordinaria usó sus redes sociales para subirse a la discusión: ¿Sabías Claudio Vidal que los trabajadores del Estado son los que garantizan servicios y derechos esenciales de la población, cómo la seguridad, salud y educación?», publicó. Ocurre que este mensaje «posteado» no sólo desenfoca el centro de la discusión, sino que en si mismo, complementa el planteo del gobernador respecto al debate sobre el empleado público. En definitiva, analizar la diferencia entre servicio y trabajo; entre ser empleado, ser trabajador o cumplir una función.

La pregunta incómoda

«Yo les pregunto a todos los que se quejan: ¿probaron lo que es laburar en el privado? Laburar 8, 10 horas, laburar 21 días fuera del hogar, que no podés compartir cumpleaños con tus hijos, con tu pareja, con tu núcleo familiar. Y muchas veces tenés que estar en los yacimientos petroleros o si sos marinero y embarcás una semana, diez días, dos meses. No es fácil», fue el concreto y políticamente poco correcto cuestionamiento de Vidal hacia los estatales que se encuentran en medidas de protesta.
En esta pregunta incómoda Grasso encontró una oportunidad para desplegar toda la demagogia que suele supurar cada vez que se piensa como el antagonista del gobernador.
«Vidal: ¿adónde querés que vayan los trabajadores del Estado si en el privado tampoco hay trabajo?», fue la primera frase lanzada en su red social.
Como si se tratara de virtuoso de la mayéutica, respondió a una pregunta con otra pregunta; aunque el interrogante que le plateó a su contrincante lo debería haber respondido él y los gobiernos que integró durante años.
Si Grasso pretende saber ¿Dónde se puede conseguir trabajo en Santa Cruz, que no sea en el Estado?, tendría que pensar por qué la provincia esta como está y allí tendría la respuesta.
Pero el intendente de Río Gallegos – recién llegado de su gira Carioca – no se iba a perder la oportunidad de tener algo de exposición que le evite dar otras respuestas sobre su propia gestión.
Grasso dejó para el final un elogio a los estatales y aunque no venía al caso, los definió como defensores de la soberanía, con un toque sensiblero aunque fuera de contexto.
«Acá en el sur son aún más fundamentales para garantizar soberanía?», fueron las palabras del intendente de Río Gallegos que a esa altura podría haber hecho cualquier comparación para poner un final supuestamente épico a su supuesta controversia con Vidal.

Personas detrás de las cifras

Según cifras oficiales referidas a la estructura del gobierno nacional, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el empleo en el sector público se redujo un 9,6%, lo que equivale a la eliminación de 47.925 puestos de trabajo.
Esta reestructuración, destacó un informe del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, permitió generar un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares.
Pero como ya se ha dicho, atrás de la cifras y de la pelea dialéctica entre los «pro Estado y los anti Estado», hay personas, familias, sus sueños y proyectos de vida.
Casi 50 mil empleos menos en el Estado Nacional significan esa misma cantidad de personas que en los últimos cuatro meses debieron salir a buscar trabajo en el sector privado.
Analizando el impacto en una masa salarial como la del Estado nacional, los números de abril de 2025, marcan que la reducción de personal en el sector público generarían «un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos». Aunque parezca inapropiado, para la gestión de Presidente Javier Milei, reducir la estructura del Estado en términos de empleados representa un ahorro en sueldos.
Volviendo a las cifras de Santa Cruz, si tomamos en cuenta que la provincia tiene 337 mil habitantes (censo del año 2022) y que 90.302 personas están empleadas de forma directa en la provincia; el 27% de la población vive de un sueldo del Estado. Aunque a esto se debería agregar las plantas de empleados de las municipalidades y Comisiones de Fomento; con lo cual es probable en mas de la mitad de las familias santacruceñas haya un emplead publico.
Es ahí donde la pregunta incómoda del gobernador debería servir para avanzar en este debate tremendo por su connotación social.
Tal vez es la primera vez que un gobierno provincial intenta repensar su estructura a la vez que pide tiempo para genera cambios graduales sin afectar a quienes están detrás de esas enormes cifras; contraponiendo esto contra los primeros 17 meses de Milei que eliminó casi 50 mil empleos públicos.
Sin dudas éste es un asunto que Santa Cruz tiene que resolver si quiere tener un futuro, o al menos, algún futuro.