
La suspensión de las retenciones denominadas comúnmente como «derechos de exportación para el langostino», fue una de las medidas propuestas por el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal en la reunión del Consejo Federal Pesquero, encuentro que contó con la participación del Subsecretario de Pesca de la Nación Juan Antonio López Cazorla.
Al fundamentar su propuesta el mandatario calificó la erogación de derecho de exportación como «una carga tributaria que hoy atenta y perjudica la competitividad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores»; exponiendo la situación que desde hace algún tiempo afecta a la pesquería y sobre la cual aún no se han implementado acciones concretas.
«Desde que comenzó el conflicto que paraliza una de las actividades clave para nuestra provincia estamos manteniendo reuniones constantes con todos los sectores involucrados, ya que nos ocupa de manera urgente la continuidad laboral de nuestros trabajadores», explicó Vidal tras el encuentro que se desarrolló en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y donde expuso la necesidad de alivios fiscales que contrarresten el impacto de lo que ocurre por la baja de precios y mermas en la demanda a nivel mundial.
E referencia al tiempo en el que se está prolongando esta situación que lleva varios años con una tendencia siempre negativa, el gobernador apuntó: «desde que asumimos en diciembre del 2023 venimos haciendo un gran esfuerzo en este contexto de crisis para mantener la actividad pesquera, lo hacemos porque estamos totalmente convencidos de que en Puerto Deseado no se deben volver a cometer los errores del pasado que tan caro nos costaron a la sociedad santacruceña», sintetizó tras el encuentro del CFP
Santa Cruz hace lo suyo
Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis del langostino, y el tiempo que lleva el tema sin soluciones, Vidal insistió ante los integrantes del CFP y la autoridad nacional competente, que las medidas deben ser «concretas» e «implementadas con rapidez».
A su vez, anunció medidas en el ámbito de la jurisdicción santacruceña, algo inédito porque hasta el momento las provincias no habían anticipado ninguna medida para complementar para aliviar al sector.
«Decidimos desde el Gobierno de Santa Cruz aplicar una quita del 2,5% al valor que pagan los buques por el combustible, con lo que buscamos aliviar costos operativos y acompañar al sector en este momento difícil», anunció.
Vale recordar que ayer, el gobernador se había reunido con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con quienes analizó los alcanves de este conflicto que paraliza al sector en todos los puertos del país.
En cuanto a la postura del gobierno provincial respecto a los sectores que participan de esta discusión, Vidal aclaró: «nosotros desde Santa Cruz seguimos apostando a la actividad pesquera, por lo que ya están en marcha los procesos licitatorios para la reparación de los sitios 3 y 4 de las instalaciones del puerto de Puerto Deseado, y estamos trabajando para habilitar el sector secundario del mismo, lo que permitirá mejorar las condiciones operativas y logísticas de la actividad».