El juez federal de Rosario Marcelo Bailque presentó su renuncia que de ser aceptaba implicaría la perdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.
Según dejaron trascender el miércoles fuentes judiciales el magistrado sospechado presentó el martes su dimisión al cargo ante en el Ministerio de Justicia de la Nación. Al respecto también se reveló que la renuncia no presentó «explicaciones» o «fundamentos» y se pidió que se haga efectiva a partir del 1 de julio próximo.
De ser aceptada esta renuncia por el Poder Ejecutivo, implicaría que el proceso por «mal desempeño» que tiene en el Consejo de la Magistratura en base a distintos pedidos de investigación y destitución, trámite preliminar para un eventual juicio político, queda interrumpido y además podría acceder a la jubilación.
Cabe recordar que Marcelo Bailaque aún es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, pero tiene tres causas penales en su contra: por armar un expediente falso a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario.
En este contexto el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y luego la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Las medidas dispuestas por Rodrígues Da Cruz fueron ratificadas la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Las causas abiertas
Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco «Los Monos».
El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.