Los gobernadores no entienden cómo cada una de sus propuestas destinadas a enfrentar el desfinanciamiento de las provincias “rebota” continuamente con la negativa del gobierno de Javier Milei que antepone de manera inamovible el argumento del déficit fiscal, sin ofrecer alguna alternativa.

Tras la reunión del lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) ubicado en Azopardo 750 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las sensaciones fueron de decepción más que de expectativas.

Para muchos de los mandatarios provinciales la Nación les está robando la porción que les corresponde por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se lo hicieron saber a Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de Luis «Toto» Caputo y a Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete.

Frente a la unanimidad de los gobernadores no hubo respuestas concretas y las posteriores declaraciones del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco quien advirtió que el Poder Ejecutivo tiene «actitud positiva» para encarar las problemáticas que les manifiestan, pero aclarando que “los números no cierran”; congelaron el tema.

Ni los más cercanos a las políticas del gobierno nacional que afirman que lo que están planteando no afecta el equilibrio fiscal, ahora se muestran optimistas.

«Le propusimos eliminar los fondos fiduciarios, una amenaza que hizo el propio Milei el año pasado, y no nos pudieron responder», afirmó un gobernador tras el encuentro. El tucumano Jaldo fue uno de los más duros contra la administración de MIlei y el santafesino Pullaro advirtió que el país no saldrá adelante «con capital financiero y criptomonedas»; y poco antes el rionegrino Alberto Werethilneck, quien dijo que el Presidente «no conoce ni se preocupa por el interior».

Cabe recordar que los gobernadores le habían propuesto al gobierno nacional que coparticipe a las provincias la mitad del fondo remanente de los ATN, que es dinero de las provincias; pero esta iniciativa fue denegada. LA Casa Rosada tampoco respondió ante el pedido de ordenar los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que el gobierno no está ejecutando. Es un impuesto que debería destinarse a arreglar las rutas del interior, pero Economía se lo queda entero ante del desastre de las rutas, que ya se está cobrando vidas.

La clave del futuro de esta negociación tal vez se encuentre nuevamente en las declaraciones de Francos quien en el contexto de las conversaciones analizó: “El gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación. Las provincias deberían analizar eso, algunas han hecho mucho esfuerzo, pero nunca se hace lo necesario”.

Postura de Santa Cruz

Tras la reunión en el CFI, el vicegobernador Fabián Leguizamón que participó en representación de Santa Cruz adelantó: “Finalmente pudimos arribar a un acuerdo a través de un documento en el cual planteamos el posicionamiento de la mayoría. También conversamos con representantes del Gobierno Nacional sobre la eliminación de los fondos fiduciarios vinculados al transporte y a la energía, para que el dinero se reparta directamente a las provincias”.

En cuanto a los alcances de las conversaciones entre los gobiernos provinciales, explicó que se logró un acuerdo “acerca de la necesidad de determinar los porcentajes de ATN a las provincias entendiendo que deben ser coparticipables, lo cual se va a plasmar en un proyecto de ley que va a ser presentado en el Congreso de la Nación a través de los distintos bloques. De esta forma la iniciativa tomará estado parlamentario para luego ser analizada y discutida en comisiones, lo que constituye un avance significativo y un paso inicial que con el tiempo va a rendir sus frutos”, indicó.

No obstante, Leguizamón advirtió que “hubo marcadas diferencias con respecto a que las provincias se hagan cargo de las obras de Vialidad Nacional, debido a que los fondos enviados por Nación para este tipo de obras son muy escasos”, y además señaló que los gobernadores “plantearon algunas inquietudes con respecto a la actitud del Gobierno Nacional de responsabilizar a las provincias por distintas cuestiones. Sin embargo, avanzaron en la creación de una comisión para sentarse a dialogar en una mesa permanente con el Gobierno Nacional”.

Finalmente, el vicegobernador admitió que la provincia sostendrá el dialogo con la Casa Rosada: “La idea es poder avanzar en resolver estas cuestiones de manera conjunta con el Gobierno Nacional y no por decisión unilateral de los gobernadores, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan las provincias. Es importante encontrar puntos en común a través del diálogo. Desde el Gobierno Nacional entienden los reclamos de los gobernadores y también entienden que hay que encontrar un mecanismo para que estos puedan llevar respuestas las demandas de sus respectivas provincias”.

Propuesta y advertencia

En un documento que los gobernadores compartieron con el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda de Caputo, Carlos Guberman, las provincias reclamaron por la no ejecución de $ 17 billones a valores de mayo, entre las transferencias no automáticas frenadas, los fondos fiduciarios que se ejecutaban en los territorios y la Nación retuvo desde diciembre de 2023 y los ATN que el Gobierno gira a cuentagotas y, generalmente, a provincias amigas.

A esto sumaron la caída en la coparticipación de impuestos, del 13,1% en términos reales, desde diciembre de 2023. En total, la caída de recursos de origen nacional representa el 4,25% del PBI o $ 30,4 billones a valores actuales, equivalentes a casi u$s 25.800 millones.

Además, los gobernadores detallaron fondos de afectación específica que se interrumpieron y que la Nación retuvo. Por ejemplo, el Aporte Solidario -el impuesto a los ricos de la pandemia- destinaba dinero al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que Milei y Caputo discontinuaron.

«El Gobierno Nacional se apropió de $ 553.520 millones destinados al FISU», detallaron e indicaron que otros $ 1,2 billones que debían financiar obras de infraestructura. Son $ 2,5 billones a pesos de mayo de 2025.

El proyecto de ley que impulsarán en el Congreso busca que ese tercio del impuesto a los Combustibles pase a coparticiparse (es decir, que el 58% de lo recaudado se reparta entre las provincias y la Nación retenga el 42% restante. Actualmente, los distritos reciben el 26% y la administración federal retiene un 36% que debería destinar a obras que no ejecuta. Según los cálculos que hicieron técnicos de las provincias, sumarían casi $ 1,8 billones adicionales por esta vía. A su vez, buscan eliminar los ATN, que se financian con el 1% de la masa coparticipable bruta. Si no se reparten, que se eliminen, propusieron.