La reciente aprobación en el Senado de importantes leyes, que incluyen el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, ha desatado un intenso debate en la política argentina. Javier Milei, el actual Presidente, ha manifestado su intención de vetar estas iniciativas, pero expertos en derecho constitucional aseguran que sus intentos de judicializar las leyes carecen de fundamento legal.

Contexto de la Aprobación Legislativa

El Senado, en una sesión marcada por la unión de la oposición, logró aprobar varias medidas que cuentan con el apoyo de más de 48 votos, lo que representa los dos tercios necesarios para que, en caso de un veto presidencial, las leyes puedan ser ratificadas. Entre las propuestas aprobadas se encuentran no solo el aumento a las jubilaciones, sino también iniciativas que buscan garantizar la reactivación de la moratoria previsional y mejorar la situación de las personas con discapacidad.

La Reacción de Milei

Milei ha declarado que, si el Congreso mantiene las leyes tras su veto, procederá a judicializarlas. “Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público”, afirmó durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sin embargo, esta postura ha sido rápidamente cuestionada por constitucionalistas.

Opiniones de los Expertos

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, ha señalado que la acción de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene respaldo constitucional. “Sería absurdo que el Estado Nacional demande al Estado Nacional”, argumentó, enfatizando que el proceso legislativo es un acto constitucional que debe ser respetado.

De manera similar, Diego Armesto destacó que el Presidente, al anunciar su intención de vetar, está reconociendo el proceso constitucional de formación y sanción de la ley. “No se puede impugnar un proceso constitucional”, afirmó, subrayando que si el Congreso logra los dos tercios necesarios, las leyes se convertirán en ley, y no habrá base legal para un planteo judicial.

Mariano Bar también se unió a la discusión, sugiriendo que, aunque cualquier persona puede presentar una demanda ante la Justicia, esto no garantiza que sea considerada. “La Corte Suprema no es un órgano asesor jurídico y no puede involucrarse en cuestiones que no sean contenciosas”, explicó.

Implicaciones Políticas

La situación actual plantea un escenario complejo para el Gobierno de Milei. Si el Congreso mantiene su apoyo a las leyes aprobadas, el Presidente se enfrentará a un desafío significativo en su intento de frenar estas iniciativas. La posibilidad de que la oposición, con el respaldo de los gobernadores, logre consolidar su posición en el Congreso podría llevar a un debilitamiento de la autoridad presidencial.

Conclusión

La controversia en torno a las leyes aprobadas por el Senado y la respuesta de Javier Milei resalta las tensiones entre los poderes del Estado en Argentina. La posición de los constitucionalistas sugiere que el camino que Milei pretende tomar para frenar las leyes podría ser inviable, lo que podría llevar a un fortalecimiento de la oposición y un cambio en la dinámica política del país. En este contexto, el papel del Congreso y la capacidad de los legisladores para actuar en representación del pueblo se vuelven más relevantes que nunca.