La reciente publicación del decreto 462/25, que reestructura el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y lo convierte en un ente desconcentrado, ha desatado una ola de críticas y acciones legislativas en Argentina. Legisladores de la Coalición Cívica (ARI) y Unión por la Patria han presentado un proyecto para declarar “inválido” este decreto, argumentando que es inconstitucional y violatorio de la Ley 25.641, que establece la autarquía del organismo.

Un Cambio Radical

El INTA, creado en 1956 y reafirmado por ley en 2002, tiene como misión impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector agropecuario. Sin embargo, el decreto 462/25 modifica radicalmente su estructura, disolviendo su Consejo Directivo y estableciendo que será dirigido por un funcionario designado directamente por el Poder Ejecutivo. Esto ha llevado a los legisladores a calificar la medida como un “exceso de las bases de la delegación legislativa”, ya que consideran que no se han cumplido los requisitos necesarios para su dictado.

Los diputados que apoyan la iniciativa, como Victoria Borrego y Juan Manuel López, argumentan que esta decisión constituye una intervención encubierta que vulnera las disposiciones de la Ley Bases, que prohíbe la disolución o intervención de ciertos organismos. En su opinión, la eliminación del Consejo Directivo y la concentración del poder en un único funcionario son equivalentes a una intervención, lo que va en contra de la intención del Congreso de proteger la autonomía del INTA.

La Defensa de la Autarquía

La Ley 25.641, que otorga autarquía al INTA, establece que el organismo debe operar con independencia del Poder Ejecutivo. Los legisladores sostienen que la reciente reestructuración no solo viola esta ley, sino que también atenta contra la misión del INTA de promover el desarrollo agropecuario en el país. Al otorgar la dirección del instituto a un secretario dependiente del Ejecutivo, se corre el riesgo de comprometer la calidad y la objetividad de la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector.

Además, los diputados han señalado que no existe una necesidad urgente que justifique esta transformación del INTA, lo que implica que la decisión debería haber sido sometida al Congreso para su análisis y aprobación.

Críticas al Gobierno

El diputado Martín Soria, de Unión por la Patria, ha ido más allá al impulsar un proyecto de ley que busca derogar no solo el decreto 462/25, sino también otros decretos relacionados que, según él, han desmembrado organismos estatales y han llevado al país a una situación de “liquidación total”. Soria critica al gobierno por desfinanciar instituciones clave y despedir personal, lo que, a su juicio, pone en peligro el desarrollo del país.

La Respuesta de los Trabajadores

En medio de esta controversia, los trabajadores del INTA han salido en defensa del organismo, manifestando su preocupación por las implicaciones de la reestructuración. La defensa de la autarquía del INTA no solo es una cuestión legal, sino también una cuestión de interés nacional, ya que el desarrollo agropecuario es fundamental para la economía argentina.

Conclusión

La reestructuración del INTA a través del decreto 462/25 ha generado un debate intenso sobre la autonomía de las instituciones y la necesidad de proteger los organismos que son vitales para el desarrollo del país. La respuesta de los legisladores y de los trabajadores del INTA refleja una preocupación compartida por el futuro del sector agropecuario en Argentina. En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos significativos, es crucial garantizar que las instituciones que promueven la investigación y el desarrollo tecnológico mantengan su independencia y fortaleza. La defensa de la autarquía del INTA es, por lo tanto, una defensa del futuro del agro argentino.