Este jueves, un Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 tomó una decisión significativa al suspender el decreto del presidente Javier Milei que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional. Esta medida, que generó controversia desde su anuncio, fue objeto de una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), uno de los gremios más representativos del sector.

La disolución de Vialidad Nacional había sido una de las promesas de campaña de Milei, quien argumentó que la medida era parte de un esfuerzo por reducir el gasto público y eliminar lo que consideraba estructuras burocráticas innecesarias. Sin embargo, la decisión generó preocupación entre los trabajadores del organismo, quienes defendían la importancia de Vialidad Nacional en la planificación y mantenimiento de la infraestructura vial del país.

El fallo del juzgado no solo suspende el decreto, sino que también pone de relieve la tensión entre el poder ejecutivo y los sindicatos en un contexto de cambios profundos en la administración pública. La cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional argumentaba que la disolución de la entidad no solo afectaría el empleo de miles de trabajadores, sino que también podría tener consecuencias graves para la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas del país.

Tras conocerse la decisión judicial, representantes de Sevina expresaron su satisfacción, señalando que la medida protege tanto a los trabajadores como a la infraestructura vial de Argentina. “Es un triunfo de la defensa de nuestros derechos y de la importancia de Vialidad Nacional en la construcción de un país más seguro y conectado”, afirmaron desde el sindicato.

Por otro lado, desde el gobierno de Milei se manifestó la intención de apelar la decisión, argumentando que la reestructuración de la administración pública es necesaria para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. La administración de Milei ha promovido una agenda de reformas profundas, pero el camino ha estado marcado por la resistencia de diversos sectores, incluidos los sindicatos.

La suspensión del decreto también plantea interrogantes sobre el futuro de la política de infraestructura en Argentina. La disolución de Vialidad Nacional había suscitado temores sobre el impacto en la ejecución de obras y el mantenimiento de las rutas, cruciales para la economía del país. La decisión judicial, por lo tanto, no solo tiene implicaciones laborales, sino que también podría afectar la planificación y ejecución de proyectos viales en el corto y mediano plazo.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, será fundamental observar cómo reacciona el gobierno y cuáles serán las próximas acciones tanto del sindicato como del poder judicial. La situación refleja un momento crítico en la política argentina, donde las decisiones económicas y administrativas deben equilibrar la necesidad de reformas con la protección de los derechos laborales y la seguridad pública. La tensión entre estos intereses seguirá siendo un tema central en el debate nacional en los próximos meses.