por Dr. Francisco Fernández Ochoa
La mentira al ciudadano como herramienta para mantener el poder y obtener beneficios económicos tiene consecuencias graves en nuestra sociedad. La célebre frase “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” resuena con especial fuerza en el contexto actual, donde la desconfianza en las instituciones se ha convertido en un fenómeno generalizado.
Uno de los casos que pone de relieve esta problemática es el de Bolaños en relación con el caso Ribas. La Ley Orgánica 8/2021, que se supone protege integralmente a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se ha convertido en un ejemplo de cómo las leyes, en lugar de proteger, pueden convertirse en un obstáculo. A pesar de que esta ley se presenta como un salvaguarda del interés superior del menor, la realidad muestra que la Justicia no puede intervenir, incluso cuando un niño declara que su vida está en peligro, basándose únicamente en su testimonio.
Además, es importante señalar que ha sido el PSOE quien ha introducido reformas para crear un sistema de apoyo a la infancia y a la mujer en los tribunales, utilizando psicólogos y asistentes sociales. Sin embargo, el caso Ribas ha evidenciado la falta de efectividad de este sistema. Recientemente, una psicóloga en TVE solicitó informes psicosociales del menor y de sus padres, como si el clima de desestructuración familiar que todos hemos presenciado no fuera suficiente. Es vital recordar que los psicólogos no son médicos, pero el PSOE ha hecho esfuerzos para integrar a este colectivo en los tribunales, a menudo a cambio de votos. Esta situación se complica aún más con la competencia interna entre psicólogos para obtener casos en los juzgados.
En este contexto, Bolaños enfrenta un dilema complejo: las leyes que promueve, en teoría, buscan la protección del menor y la discriminación positiva de la mujer, pero en la práctica, generan contradicciones que comprometen la justicia. Cuando un menor denuncia que su interés está vulnerado, los jueces se ven atrapados en un sistema que les impide actuar sin arriesgar su posición, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la ley.
La problemática del interés superior del menor no se resolverá con una unificación a nivel europeo, ya que la protección no se ha articulado de manera efectiva. Esto significa que, lamentablemente, continuaremos viendo casos de violencia de género y otros delitos donde las víctimas se ven obligadas a sufrir antes de que la justicia actúe, a menudo demasiado tarde.
Los ciudadanos estamos pagando un alto precio por la desprotección real que resulta de las mentiras del poder y del dinero. Es fundamental que se abra un debate sincero sobre la efectividad de nuestras leyes y la necesidad de un sistema judicial que realmente proteja a los más vulnerables. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
