En un giro alarmante para los derechos humanos en Argentina, el presidente Javier Milei ha decidido vetar la Ley de Emergencia para Personas con Discapacidad, una legislación que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso el 10 de julio. Esta ley era crucial para garantizar servicios esenciales como terapia, educación especial, transporte y, en general, la inclusión social de miles de argentinos que dependen de estos apoyos. La decisión de Milei no solo pone en riesgo la atención a personas con discapacidad, como es el caso de Roman Stavsky, un hombre de 39 años con discapacidad motora, sino que también refleja una visión preocupante sobre el papel del estado en la protección de los más vulnerables.

El presidente ha calificado la ley como “regresiva” y un componente de un “modelo asistencialista que ya ha fracasado”. Sin embargo, esta postura ignora la realidad de muchas familias que, como la de Roman, dependen de estos servicios para llevar una vida digna y plena. La negativa a apoyar la ley se produce en un contexto de severos recortes presupuestarios en el sector de salud pública, donde cada vez más familias enfrentan la pérdida de beneficios críticos y el cierre de centros de atención.

Héctor Stavsky, el padre de Roman, ha expresado su profunda preocupación por el futuro de su hijo y de otros en situaciones similares. La financiación insuficiente está llevando a un cierre gradual de centros, dejando a muchas personas con discapacidad a la deriva. “Es un abandono a su suerte”, afirma Héctor, señalando que los honorarios no son suficientes para los profesionales y que los costos institucionales son cada vez más difíciles de cubrir.

La respuesta a este veto ha sido contundente. Cientos de manifestantes se han congregado frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación de la ley de emergencia, mientras que las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad han instado a declarar el estado de emergencia. Este estado es esencial para mitigar el impacto devastador de los recortes presupuestarios y asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una vida digna.

La situación actual es un llamado a la acción. La inclusión social y el acceso a servicios esenciales son derechos fundamentales que deben ser protegidos, no recortados. La decisión de Milei de vetar esta ley no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también pone en riesgo el bienestar de miles de argentinos que ya enfrentan suficientes desafíos en su vida diaria.

Es fundamental que la sociedad se una en defensa de estos derechos y exija que el gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los más vulnerables. La lucha por la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad no puede ser ignorada. El futuro de muchas vidas depende de ello.