La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar el aumento de jubilaciones, mientras celebra la baja de retenciones en la Exposición Rural, plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Este acto no solo refleja una falta de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que también plantea un peligroso precedente en la forma en que se ejercen las decisiones gubernamentales.

Al aplaudir la baja de retenciones, Milei ha captado el apoyo del sector agropecuario, pero al mismo tiempo ha dejado de lado a millones de jubilados que dependen de un ingreso digno para sobrevivir. La ley que buscaba aumentar el bono previsional y la jubilación mínima no era simplemente una medida económica; era un reconocimiento a la dignidad de quienes han trabajado toda su vida y merecen una vejez con seguridad y respeto. Vetar esta ley en favor de un superávit fiscal que, según el presidente, es el “ancla que nos llevará al futuro”, es un acto que deshumaniza y desprotege a los más necesitados.

Además, la forma en que Milei ha decidido actuar, utilizando su poder para vetar leyes aprobadas por el Congreso, plantea serias preocupaciones sobre la constitucionalidad de sus acciones. Las decisiones que afectan a la población no deben ser tomadas unilateralmente ni por decreto, ya que esto socava los principios democráticos y el sistema de pesos y contrapesos que son fundamentales para una sociedad libre. Un gobierno que actúa de manera autoritaria, eludiendo el debate legislativo y la participación ciudadana, se asemeja más a un régimen dictatorial que a una democracia representativa.

El uso de términos despectivos hacia la oposición y la descalificación de sus iniciativas como “tribuneo sensiblero” no contribuyen al diálogo constructivo que la sociedad necesita. En lugar de fomentar la unidad y la colaboración, estas declaraciones dividen y polarizan aún más a la población, creando un clima de tensión que puede tener consecuencias graves a largo plazo.

Es fundamental que los ciudadanos se mantengan alerta ante este tipo de acciones que ponen en riesgo las bases de nuestra democracia. La defensa de las instituciones, de los derechos de los jubilados y de un debate legislativo saludable son esenciales para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.

La historia ha demostrado que los caminos autoritarios suelen llevar a la opresión y al sufrimiento. La sociedad argentina no puede permitirse retroceder en este sentido. Es hora de exigir que las decisiones se tomen de manera transparente y democrática, respetando la voz de todos los sectores y garantizando que la justicia social sea una prioridad. La democracia es un bien preciado que debemos proteger, y es responsabilidad de cada uno de nosotros alzar la voz en defensa de ella.

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