El reciente veto del presidente Javier Milei a las leyes que otorgaban aumentos previsionales, reinstalaban la moratoria jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad, es una decisión que merece un profundo análisis crítico. A través del Decreto 534/2025, Milei ha tomado una postura que no solo desatiende las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que también revela una alarmante falta de humanismo en su enfoque de gobierno.

Las leyes aprobadas por el Congreso no eran meras medidas administrativas; eran un intento por garantizar derechos fundamentales para nuestros mayores y las personas con discapacidad. En un país donde la pobreza y la desigualdad son realidades que afectan a millones, la decisión de vetar estas iniciativas es un claro indicativo de una política que prioriza el equilibrio fiscal por encima de la dignidad humana.

El argumento del Ejecutivo sobre el gasto adicional que implicarían estas leyes es, en el fondo, una excusa que oculta una falta de voluntad política para encontrar soluciones sostenibles. Si bien es cierto que la responsabilidad fiscal es crucial, no podemos permitir que se convierta en un argumento para desatender a quienes más lo necesitan. La tercera edad y las personas con discapacidad no son cifras en un balance contable, son seres humanos que han contribuido a la sociedad y que merecen vivir con dignidad y seguridad.

La crítica a los “graves vicios reglamentarios” en el Senado es, además, un intento de deslegitimar un proceso democrático en el que se buscó atender necesidades urgentes. En lugar de fomentar el diálogo y la colaboración, Milei opta por un camino de confrontación que socava la confianza en las instituciones. La política no debe ser un juego de poder, sino un espacio para construir consensos que prioricen el bienestar de la población.

Al vetar estas leyes, Milei no solo ignora las realidades económicas de las personas mayores y con discapacidad, sino que también pone en riesgo el futuro de un sistema previsional que, aunque imperfecto, es esencial para garantizar una vejez digna. La decisión de eliminar la moratoria jubilatoria y de no implementar nuevas pensiones no contributivas es un ataque directo a la esperanza de miles de argentinos que dependen de estas medidas para sobrevivir.

Es fundamental recordar que cuidar a la tercera edad y a las personas con discapacidad no es solo un deber moral, sino una responsabilidad social. Una sociedad que se desentiende de sus miembros más vulnerables está condenada a perder su humanidad. La política debe ser un medio para elevar la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos.

En conclusión, el veto de Javier Milei es un llamado de atención sobre la dirección que está tomando su gobierno. Es imperativo que la sociedad se movilice y exija un enfoque más humano y solidario, que priorice el bienestar de todos sus ciudadanos. La lucha por los derechos de la tercera edad y de las personas con discapacidad es una lucha por la dignidad y la justicia social, y no podemos permitir que se convierta en un sacrificio en el altar de la austeridad fiscal.