Tres décadas de “colonización” y una feroz cooptación del poder político llevaron a la decadencia y descredito del Poder Judicial provincial.
Desde nombramientos arbitrarios, irregulares y hasta inconstitucionales; pasando por cargos “inventados” a medida de familiares y amigos, para culminar con un sistema absolutamente corrompido, el Tribunal Superior de Justicia es sin dudas la punta del iceberg del problema.
Desde hace 30 años los santacruceños carecemos de un sistema judicial confiable, imparcial y sobre todo justo. 
Por eso la votación de ayer en la legislatura provincial fue el primer paso para que los ciudadanos ven que el cambio se inició para ver a creer.
Fue en la décima sesión ordinaria de este año, que incluía en el Orden del día el proyecto de Ley N° N°253/25   – de autoría de la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) – que establecía modificar la composición del TSJ pasando de 5 a 9 el número de vocales.
«El poder político avanzó de una manera descarada sobre la Justicia y la gente no confía”, dijo Nieto al defender su iniciativa en el recinto y fue clara al señalar la venalidad de la actual integración del máximo organismo judicial provincial.
“Los vocales que hoy están no han hecho nada para saber qué pasa con los juzgados inferiores. El último reducto del kirchnerismo es el Poder Judicial. Tenemos jueces que no juzgan, que no instruyen y los vocales del TSJ todo lo permiten. La Justicia va a funcionar cuando la cabeza empiece a funcionar», sentenció Nieto.
Se trató de una esperada discusión, no solo en la Cámara de Diputados, sino de un debate público y necesario que requería de una Ley para poder destrabar el estancamiento del sistema judicial provincial.
Esto es lo que marcaban los argumentos del oficialismo que mayoritariamente logró la aprobación del proyecto: “responder a la creciente demanda poblacional, garantizar imparcialidad, celeridad, eficacia y equilibrio dentro del Poder Judicial, lejos de prácticas espurias, maniobras y entramados políticos que sólo benefician a un grupo minoritario”.

Es importante destacar que, con 13 votos positivos, dos abstenciones y 9 votos negativos, el oficialismo le dio un triunfo al gobierno de Claudio Vidal, que desde que inició su gestión afirmó que daría la lucha contra la corrupción, apuntando a la partidización del sistema judicial como principal obstáculo para avanzar en las investigaciones sobre hechos delictivos vinculados a la administración pública.

La reforma

Con la ampliación del número de miembros del TSJ aprobado en la legislatura, los pasos siguientes serían avanzar sobre la instrumentación de la reforma.
En tal sentido vale mencionar que los requisitos requeridos para ser miembro del máximo organismo son los que establece el Artículo 127 de la Constitución Provincial y en estricto cumplimiento con la paridad de género. De acuerdo a lo que establece la Carta Magna provincial para ser miembro del TSJ se requiere:  ser argentino nativo o por opción, ser mayor de treinta años y ser abogado con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales. Asimismo, el cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso – administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en juicio pleno.
Además, la nueva ley establece que el TSJ será integrado por nueve vocales designados por la Cámara de Diputados de ternas que, en orden alfabético y pliego abierto, remita el Poder Ejecutivo.
En este contexto hay que señalar que en la actualidad los miembros del TSJ son los magistrados: Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Ranee Fernández, y Fernando Basanta. Este último asumió pese a las objeciones que marcaban claramente que no cumplía con los requisitos constitucionales para el cargo; no obstante, la mayoría kirchnerista de la Legislatura había hecho oídos sordos a los reclamos y se negó a analizar las impugnaciones sumando así un nuevo descredito al sistema judicial provincial.