Personas aún no identificadas ingresaron por la fuerza a las oficinas del Tribunal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos y por lo que se pudo saber hasta el momento robaron al menos un CPU (Unidad Central de Procesamiento / Central Processing Unit, en inglés) en el que se encontraría toda la documentación de las auditorias administrativas de los municipios de Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio.

La información a la que tuvo acceso Mas Prensa trascendió pasada la medianoche y en el lugar se encuentra trabajando personal policial y de la Secretaría de Seguridad de la provincia.
Mientras avanzan las investigaciones y se llevan adelante las pericias en las oficinas de calle España 120, Río Gallegos, se supo que los delincuentes ingresaron por la fuerza y que habrían dirigido toda su actividad a llevarse solamente esta documentación.
Al lugar llegó personal del Comando de Patrullas y la Comisaría Primera. Posteriormente, fue requerido el trabajo de la División Criminalística.

En cuanto a la conformación de que lo robado es muy específico, no se trata de un detalle menor, ya que en los próximos días comenzará un proceso de ampliación del organismo además de una situación similar en el Poder Judicial, específicamente en organismos de control en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) que permitiría avanzar en las investigaciones de hechos de corrupción de la pasad gestión de gobierno de le municipios que nunca fueron auditados en los últimos años.
Lo que se encontraría en esos CPU es información vital que pondría al descubierto la trama de maniobras administrativas que habrían permitido el manejo ilegal o irregular de millones de pesos que afectaron al erario público.

El robo de esta información vital tendría como objetivo impedir las investigaciones que tendrían como principales actores a los intendentes de la ciudad capital, Pablo Grasso y de la villa turística, Javier Belloni. Esta información pondría al descubierto a los principales dirigentes del kirchnerismo provincial quienes de avanzar causas en su contra podrían enfrentar a la justicia por delitos de máxima gravedad por tratarse de altos funcionarios.
Mientras se inician las investigaciones y pese al hermetismo judicial y policial, se sabe que las hipótesis apuntan a una operación de tipo comando destinada a robar la documentación fines de garantizar la impunidad de los mencionados intendentes.
En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y la Comisaría Primera. Posteriormente, fue requerido el trabajo de la División Criminalística para buscar indicios y elementos de prueban que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido.

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