Los gobernadores Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Claudio Vidal se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga presuntas irregularidades en el ingreso del grupo Eskenazi a YPF en 2007. Torres adelantó que, si es necesario, también acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para frenar la acción civil en curso hasta que se resuelva la causa penal en Argentina.

El mandatario chubutense afirmó que las provincias petroleras, como accionistas de YPF, “van a agotar todos los recursos para defender lo que les pertenece”. Señaló además que cuestionar esa operación podría impactar en el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al país pagar 16.000 millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de la petrolera a fondos internacionales.

Además, los mandatarios remarcaron que la operación que permitió al grupo Petersen quedarse con el 25% de YPF se financió con dividendos futuros, lo que derivó luego en la venta de su litigio contra la Argentina al fondo Burford Capital. Ese reclamo fue la base del fallo de Preska, aunque los gobernadores recordaron que parte de las acciones expropiadas en 2012 correspondían a las provincias productoras.

En paralelo, Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para resguardar su participación accionaria en YPF. “El fallo no contempla que las provincias petroleras somos accionistas y que solo se puede embargar lo que pertenece al Estado Nacional”, sostuvo Torres, quien insistió en que los mandatarios provinciales darán la batalla legal para proteger la compañía y los intereses de sus jurisdicciones.