Sin juzgar analizar antes de votar!

Introducción

Las preguntas que planteo tocan tres dimensiones distintas pero interconectadas de lo que debe ser el ejercicio responsable de la jefatura del Estado: la relación entre el Poder Ejecutivo y el proceso legislativo; la rendición de cuentas y la exposición pública del presidente ante preguntas e incógnitas; y la dimensión simbólica y comunicacional del cargo (actos, ceremonias, incluso conciertos) en tiempos de crisis. Desde una mirada crítica hacia Javier Milei —su estilo, su discurso y algunas de sus decisiones— conviene analizar no sólo si cada conducta es “correcta” en abstracto, sino qué efectos prácticos y normativos producen sobre la democracia, la gobernabilidad y el bienestar social.

1.  ¿Es correcto que un presidente se involucre en campaña política legislativa?

La respuesta depende del contexto institucional y del modo de involucramiento. En una democracia normal, es legítimo que el presidente busque incidir en la agenda y trate de convencer a la ciudadanía y a los legisladores sobre su proyecto político; es parte del juego político. Ahora bien, hay límites que conviene señalar:

•   Separación de poderes y roles institucionales: El presidente representa al Poder Ejecutivo; los legisladores representan a la ciudadanía en el Parlamento. Cuando un presidente articula una campaña para condicionar a la legislatura mediante presiones políticas, clientelismo, o uso de recursos estatales para beneficio partidario, se desdibujan fronteras institucionales. El riesgo es transformar la negociación legislativa en una operación de poder vertical que socava deliberación y contrapesos.
•   Uso de recursos públicos: Es problemático y antidemocrático cuando la campaña presidencial utiliza recursos del Estado (vagones de comunicación oficial, actos en horario laboral, infraestructura pública con fines claramente partidarios). Más allá de la legalidad puntual, la ética pública exige que la estructura del Estado no se convierta en brazo operativo de una campaña partidaria.
•   Polarización y personalismo: La concentración del discurso político en la figura presidencial tiende a personalizar la política y a debilitar partidos y cuadros legislativos. En el caso de Milei, su estilo fuertemente personalista, anti-casta y anti-institucional puede exacerbar esta dinámica: cuando la comunicación se centra en la confrontación del líder con “la casta” y en llamados directos a la movilización, la deliberación parlamentaria corre el riesgo de convertirse en escenario de dos bandos en vez de un cuerpo deliberativo plural.
•   Legitimidad y mandato: Un presidente electo con una agenda clara puede legítimamente buscar apoyo legislativo. Pero la legitimidad democrática se fortalece más cuando esas búsquedas se hacen mediante argumentos públicos, debates transparentes y compromisos institucionales, no mediante intimidación, desprecio por las reglas ni apelaciones constantes a “el pueblo contra los demás”.

Crítica a la práctica en el caso de Milei: Su retórica de ruptura con las élites y su voluntad de cambios veloces (dolarización, reforma del Estado, desmontaje de regulaciones) hacen que su involucramiento en campañas legislativas sea particularmente delicado. Si el impulso político para aprobar leyes se acompaña de desdén por las instituciones y amenazas retóricas hacia opositores y funcionarios, no sólo se tensiona el sistema democrático sino que se mina la posibilidad de acuerdos técnicos y responsables necesarios para reformar áreas como el sistema previsional, la salud o la educación. En síntesis: es legítimo que un presidente busque apoyo, pero no lo es que convierta la búsqueda en un procedimiento que degrade las instituciones, instrumentalice al Estado o suplante deliberación por imposición.

1.  ¿Es correcto que un presidente se “baje” de la campaña o evite responder preguntas por “miedo”?

Si entendemos la campaña no sólo como época electoral sino como la inmensa mayoría de actos políticos y comunicacionales del presidente, la expectativa básica en democracia es la de disponibilidad para rendir cuentas, explicar políticas y responder interrogantes. Evadir preguntas, evitar ruedas de prensa o reemplazarlas por mensajes prefabricados tiene efectos nocivos:

•   Rendición de cuentas y transparencia: La exposición a preguntas (periodistas, opositores, audiencias) es un mecanismo de control público. Evitarla debilita la transparencia, alimenta sospechas y genera un déficit de legitimidad en decisiones controvertidas.
•   Responsabilidad política: Un presidente que rehúye el cuestionamiento parece desconectarse de la responsabilidad frente a la ciudadanía. La capacidad de explicar errores, de matizar posiciones y de sostener un diálogo crítico con la prensa es una prueba de madurez democrática.
•   Percepción pública y confianza: La evasión puede interpretarse como arrogancia o inseguridad. En contextos de crisis económica y social, la presencia pública del primer mandatario y su disposición a responder fortalecen la confianza pública; su ausencia o silencio, en cambio, la deterioran.

En el caso de Milei, su relación con los medios ha sido conflictiva: discursos confrontadores, acusaciones de “sesgo” y episodios de comunicación acotada. Criticar que un presidente “se baje” de la campaña o evite preguntas no es un ataque personal sino una demanda institutional: la jefatura exige frente público. Incluso si un mandatario tiene razones tácticas para evitar ciertos encuentros (por ejemplo, proteger negociaciones legislativas o evitar polarizar en momentos clave), eso no debe convertirse en una regla general que borre la obligación de explicar políticas fundamentales que afectan la vida de las personas (ajustes, reformas previsionales, dolarización, recortes presupuestarios).

1.  ¿Es correcto que un presidente haga un concierto de música mientras su país está en decadencia?

El acto en sí —un presidente tocando música o participando de un evento cultural— puede tener lecturas múltiples. La cultura y la música pueden ser herramientas de cercanía y humanización del cargo. Sin embargo, el juicio sobre si es “correcto” depende de prioridades, sincronización y proporcionalidad.

•   Simbolismo y coherencia: Cuando el país enfrenta crisis económicas severas, desempleo, pobreza creciente o desmantelamiento de servicios públicos, la imagen del presidente participando en actos festivos o conciertos puede percibirse como insensible, fuera de foco o performativa. La crítica aquí no es al gusto musical del mandatario sino a la coherencia entre la forma en que ejerce su representación y la realidad social.
•   Gestión y prioridades: Si la participación cultural se combina con una gestión atenta, con presencia en la resolución de problemas y con políticas que atiendan la emergencia social, puede ser tolerada e incluso apreciada. Pero si se trata de espectáculo sin atención a temas urgentes (ajustes rápidos, despidos masivos, cierre de programas sociales), la percepción pública será de desconexión y frivolidad.
•   Distracción y legitimación: En contextos autoritarios o personalistas, la cultura puede utilizarse como estrategia para desviar la atención de medidas impopulares. La crítica recae en el uso instrumental del espectáculo para crear una imagen de normalidad mientras se aplican políticas que afectan al bienestar de la mayoría.

Milei y la dimensión simbólica: Un líder cuya marca política es la ruptura, el anticlericalismo de la política tradicional y la teatralización del descontento puede beneficiarse de actos que construyen carisma. Pero cuando la narrativa de “mano dura” en nombre del ajuste se combina con gestos públicos que parecen celebrar o trivializar el sufrimiento social, se intensifica la sensación de que las prioridades están fuera de eje. El problema real no es que un presidente toque la guitarra; es que lo haga como forma de legitimar medidas que dañan o desatienden a amplios sectores sin someterlas a debate y sin asumir responsabilidad pública.

Reflexión crítica asociada a las tres preguntas: institucionalidad, responsabilidad y efectos reales

a) Institucionalidad y calidad democrática: Todo gobernante que muestre desprecio por las reglas, delegaciones o contrapesos produce un efecto corrosivo sobre la democracia. Milei, con proclamas anti-establishment y una retórica que a veces se presenta como teórica y en otras como performativa, puede estar empujando en dos direcciones: la renovación legítima del sistema político y un debilitamiento de las instituciones si la renovación se hace sin diálogo ni procedimientos. La crítica central aquí no es ideológica: es normativa. Mantener la legitimidad de decisiones profundas (privatizaciones, cambios constitucionales, dolarización) requiere mayorías, acuerdos y claridad técnica; no puede sostenerse sólo en la eficacia comunicacional del líder.

b) Eficacia técnica vs. teatralidad: Si la política pública se ejecuta con negligencia técnica —reducciones bruscas de gasto sin planes compensatorios, desmantelamiento de estructuras estatales sin transición, reformas laborales sin diálogo— la teatralidad comunicacional (actos, insultos, conciertos) no solucionará problemas materiales. La crítica apunta a la incapacidad de la teatralidad para reemplazar la técnica de la gobernanza. En ese sentido, una presidencia que privilegia la imagen y la confrontación por sobre la construcción institucional está condenada a generar resultados inciertos y costos sociales elevados.

c) Ética de la representación: Los gestos simbólicos de los gobernantes importan. Un presidente que se muestra lejano o evasivo frente al sufrimiento de la población pierde autoridad moral. La crítica ética se centra en la responsabilidad de la representación: un jefe de Estado no sólo gobierna, sino que encarna la solidaridad mínima con los ciudadanos. Si la música o la evasión a preguntas se perciben como desatención, la legitimidad política se erosiona.

d) Riesgo económico y social: Desde una perspectiva crítica sobre las políticas económicas que Milei ha promovido (dolarización, apertura abrupta, ajuste fuerte del gasto), los riesgos son claros: mayor volatilidad, recortes de protección social, pérdida de empleos públicos y privados a corto plazo, y potencial aumento de la fragilidad social. La comunicación presidencial que minimiza esas consecuencias o que evita debates públicos rigurosos agrava el problema: sin debate público informado, no hay reparación democrática posible para costos sociales previsibles.

Propuestas y recomendaciones desde la crítica

•   Recuperar la deliberación pública: El presidente debe aceptar foros abiertos para explicar y debatir sus políticas. No se trata de rendirse a la prensa, sino de fortalecer canales transparentes y técnicos (audiencias públicas, comisiones mixtas con especialistas, plazos de transición) que permitan mejorar las decisiones.
•   Priorizar la gestión sobre el espectáculo: La presencia cultural puede ser legítima, pero no si sustituye a la gestión. Un calendario coherente donde la comunicación política esté subordinada a la agenda de gobierno y a la resolución de problemas urgentes ayudaría a reducir la percepción de frivolidad.
•   Respetar límites institucionales: La campaña por proyectos legislativos debe basarse en argumentos y acuerdos, no en presiones ni en el uso indebido de recursos públicos. Fortalecer la independencia institucional y el papel de los partidos y legisladores es esencial para preservar contrapesos.
•   Transparencia fiscal y social: Si se implementan reformas drásticas, deben acompañarse de diagnósticos públicos, evaluaciones de impacto y redes de protección social transitorias. Evitar esto equivale a gobernar por decreto simbólico, con costos humanos altos.
•   Empatía como práctica política: Más allá de la estética, el liderazgo requiere gestos de responsabilidad: explicaciones sinceras ante la población, reconocimiento de errores y disposición a corregir medidas con consecuencias negativas.