En la norma publicada este jueves, se establece un nuevo esquema de retenciones móviles que reduce o elimina el derecho de exportación cuando el precio internacional del crudo se ubica en valores medios o bajos, permitiendo aliviar la carga fiscal sobre la producción convencional, fijando un valor base de USD 65 por barril, por debajo del cual la alícuota es del 0%, y un valor de referencia de USD 80, a partir del cual se aplica una retención del 8%, con una escala progresiva entre ambos valores.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se valoró la medida como clave para sostener la actividad petrolera convencional, que enfrenta un escenario complejo debido al agotamiento natural de los yacimientos, el aumento de los costos operativos y la pérdida de competitividad frente a otros desarrollos no convencionales y se espera que la medida nacional beneficie a los yacimientos maduros de la provincia y fortalezca la competitividad del sector hidrocarburífero.

En ese sentido, el gobernador Claudio Vidal había destacado que la reducción de retenciones era “una herramienta fundamental para defender la producción, el trabajo y la inversión en las provincias petroleras”, remarcando que sin este tipo de decisiones “la actividad convencional corre el riesgo de caer abruptamente, con consecuencias directas sobre el empleo y las economías regionales”.

Por su parte, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, señaló que la medida “le devuelve previsibilidad al sector y mejora la ecuación económica de los yacimientos maduros, permitiendo sostener equipos activos, reactivar pozos y promover nuevas inversiones en áreas donde la producción venía en declino”.

Asimismo, Álvarez subrayó que la provincia realizó gestiones ante el Gobierno Nacional para lograr este alivio fiscal, en el marco de un trabajo conjunto con otras provincias productoras y las empresas operadoras, con el objetivo de preservar la producción convencional y los puestos de trabajo asociados.

Santa Cruz concentra una parte significativa de la producción convencional del país, por lo que se consideró que esta decisión se presenta como un instrumento estratégico para evitar una mayor caída en los niveles de extracción, fortalecer la actividad en áreas maduras y garantizar el abastecimiento energético, al tiempo que se protege el entramado laboral y productivo de la provincia.

Desde el Ministerio de Energía y Minería se remarcó que la reducción de retenciones deberá traducirse en mayor inversión, sostenimiento del empleo y continuidad de la actividad, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial de defender los recursos naturales, el trabajo santacruceño y el desarrollo energético con una mirada federal.