A primera vista, la monarquía y el liberalismo pueden parecer conceptos incompatibles. La monarquía remite a la herencia y la tradición, mientras que el liberalismo se asocia a la soberanía popular, la igualdad jurídica y la limitación del poder. Sin embargo, en el caso español, ambos elementos conviven dentro de un mismo sistema político: la monarquía parlamentaria, establecida por la Constitución de 1978.

Del absolutismo a la monarquía constitucional

El liberalismo no surge como una oposición directa a la figura del rey, sino al absolutismo, es decir, a la concentración ilimitada del poder en una sola persona. Desde el siglo XIX, el pensamiento liberal europeo defendió la necesidad de someter el poder político a la ley, reconocer derechos individuales y establecer mecanismos de control institucional. En este contexto, muchas monarquías evolucionaron hacia modelos constitucionales.

España siguió ese camino tras un largo proceso histórico marcado por conflictos entre absolutismo y liberalismo, que culminó, tras la dictadura franquista, en la aprobación de la Constitución de 1978.

La soberanía nacional como principio liberal

Uno de los pilares fundamentales del liberalismo es la soberanía nacional. En el sistema español, esta soberanía no reside en el rey, sino en el pueblo español, que la ejerce a través de sus representantes democráticamente elegidos en las Cortes Generales. Este principio garantiza que el poder político tenga un origen popular y no dinástico.

El monarca, por tanto, no es fuente de poder, sino una figura integrada en un marco constitucional que limita estrictamente sus funciones.

El papel del rey en la monarquía parlamentaria

En la monarquía parlamentaria española, el rey es el jefe del Estado, pero no el jefe del Gobierno. Sus funciones son fundamentalmente simbólicas y representativas: sancionar leyes, convocar elecciones, proponer candidato a la presidencia del Gobierno o representar al Estado en el ámbito internacional. Todas estas funciones requieren el refrendo del Gobierno o de las Cortes, lo que significa que la responsabilidad política recae siempre en autoridades elegidas democráticamente.

De este modo, el rey carece de poder político autónomo, lo que encaja plenamente con el ideal liberal de limitar el poder y evitar decisiones arbitrarias.

División de poderes y Estado de derecho

Otro elemento central del liberalismo es la división de poderes. En España, el poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, el ejecutivo al Gobierno y el judicial a jueces y tribunales independientes. El monarca no interviene directamente en ninguno de estos poderes, lo que refuerza el carácter liberal del sistema.

Además, el Estado de derecho garantiza la protección de los derechos y libertades fundamentales, que no dependen de la voluntad del rey, sino de la Constitución y de la ley.

Monarquía como elemento de estabilidad

Desde una perspectiva liberal, la monarquía parlamentaria puede entenderse como un factor de estabilidad institucional. Al no ser una figura partidista ni sometida a elecciones, el jefe del Estado puede desempeñar un papel moderador y simbólico, separado de la lucha política cotidiana. Esto reduce el riesgo de personalismo y refuerza la continuidad del sistema democrático.

Conclusión

La combinación entre monarquía y liberalismo en España es posible porque el monarca no ejerce el poder político efectivo. El liberalismo español se expresa en la soberanía popular, la división de poderes, el reconocimiento de derechos fundamentales y la limitación constitucional del poder. En este marco, la monarquía no contradice el liberalismo, sino que se adapta a él, convirtiéndose en una institución regulada, simbólica y subordinada a la voluntad democrática.