Orden público y trabajo genuino: una discusión que no admite simplificaciones
La iniciativa que impulsa penas de prisión efectiva para quienes ejercen como “trapitos” de manera intimidatoria o extorsiva abrió un debate tan necesario como incómodo. En el centro de la discusión no está el estacionamiento en sí, sino algo mucho más profundo: el derecho de los ciudadanos a usar el espacio público sin coerción y la obligación del Estado de garantizar orden, seguridad y libertad.
Durante años, la figura del “trapito” fue naturalizada como parte del paisaje urbano, aun cuando en muchos casos derivó en prácticas claramente extorsivas. La amenaza implícita —o explícita— de daño al vehículo convirtió lo que debería ser una calle pública en un territorio controlado por la informalidad y el miedo. Defender al “argentino de bien” no es una consigna vacía: es restituir un derecho básico que el Estado dejó de proteger.
Desde esa perspectiva, la política de tolerancia cero del Gobierno no resulta desmedida, sino una respuesta a décadas de ausencia estatal. El espacio público no puede ser privatizado de hecho por grupos que imponen reglas propias al margen de la ley. La seguridad y el orden también son derechos sociales.
Sin embargo, una política seria no puede agotarse únicamente en el castigo. Muchos de quienes hoy viven de esta actividad lo hacen empujados por la exclusión, la informalidad crónica y la falta de oportunidades laborales reales. Ignorar esa dimensión sería repetir errores del pasado.
Por eso, la discusión debería ampliarse: junto con la sanción a las prácticas intimidatorias, el Estado tiene la oportunidad de ofrecer alternativas concretas de trabajo. Programas de empleo formal en municipios, cooperativas de servicios urbanos, mantenimiento de espacios públicos, tareas de logística, limpieza o cuidado comunitario pueden convertirse en una vía de reinserción laboral real, con capacitación y reglas claras.
Orden y trabajo no son conceptos opuestos; son complementarios. La ley debe ser firme frente a la extorsión, pero inteligente para transformar un problema crónico en una solución estructural. Castigar al delito y ofrecer empleo genuino no debilita al Estado: lo fortalece.
La Argentina necesita recuperar el control del espacio público sin caer en la exclusión permanente. La verdadera tolerancia cero no es contra las personas, sino contra la ilegalidad. Y el camino sostenible es aquel que combina autoridad, justicia y oportunidades reales de integración al sistema productivo.
