Introducción

Una de las debilidades estructurales más persistentes de la cultura política argentina es la confusión conceptual y práctica entre gobierno y Estado. Esta confusión no es meramente semántica: tiene consecuencias profundas sobre la calidad institucional, la estabilidad democrática y la forma en que la sociedad procesa los cambios de gestión. Comprender esta distinción resulta central para evaluar las políticas públicas, exigir responsabilidades y evitar ciclos recurrentes de destrucción y reconstrucción institucional.


Gobierno y Estado: una distinción fundamental

Desde la teoría política clásica, el Estado se define como el entramado permanente de instituciones, normas, capacidades administrativas y marcos legales que organizan la vida colectiva de una sociedad. El Estado incluye, entre otros componentes:

  • El sistema judicial
  • La administración pública
  • Las fuerzas de seguridad
  • El sistema educativo y científico
  • Los organismos reguladores
  • El marco legal y constitucional

El gobierno, en cambio, es una conducción transitoria, elegida democráticamente, que administra y orienta al Estado durante un período determinado. Cambia con las elecciones; el Estado, no.

Confundir ambos planos implica asumir que cada gobierno tiene derecho a redefinir, vaciar o destruir el Estado según su ideología o conveniencia política, una premisa incompatible con cualquier república moderna.


Orígenes de la confusión en Argentina

Esta confusión tiene raíces históricas profundas:

  1. Tradición personalista y caudillista
    La política argentina se estructuró históricamente alrededor de liderazgos fuertes que se identificaron con “el Estado” mismo.
  2. Uso patrimonial del poder
    Los gobiernos tendieron a tratar al Estado como botín político, colonizando organismos con lógica partidaria.
  3. Baja cultura institucional
    La ciudadanía fue socializada para asociar políticas públicas con personas y no con reglas.
  4. Crisis recurrentes
    Cada colapso económico reforzó la idea de que “todo lo anterior no sirve” y debe ser reemplazado de cero.

Consecuencias institucionales y sociales

La confusión entre gobierno y Estado genera efectos estructuralmente dañinos:

  • Destrucción cíclica de capacidades estatales.
  • Falta de continuidad en políticas públicas estratégicas.
  • Deslegitimación de instituciones que deberían ser neutrales.
  • Polarización extrema: si cae un gobierno, “cae todo”.
  • Incapacidad de evaluar políticas más allá de simpatías partidarias.

En este marco, cualquier reforma profunda se vive como una guerra cultural y no como una discusión técnica o democrática.


El liberalismo y la defensa del Estado

Contrariamente a una creencia extendida, el liberalismo clásico no promueve la demolición del Estado, sino su limitación y fortalecimiento institucional. Para pensadores como Montesquieu, Tocqueville, Smith o Hayek, el Estado es indispensable para:

  • Garantizar derechos de propiedad
  • Hacer cumplir contratos
  • Proteger libertades individuales
  • Asegurar igualdad ante la ley

Un Estado débil no produce libertad, sino arbitrariedad.

Desde esta perspectiva, atacar al Estado en nombre del “antiestatismo” equivale a erosionar las condiciones mismas de una sociedad libre.


El caso Milei: cuando la confusión se vuelve política de Estado

El discurso y la práctica del actual gobierno profundizan esta confusión al presentar al Estado como un enemigo a derrotar, en lugar de una institución a reformar. Al equiparar “Estado” con “casta”, se legitima socialmente el vaciamiento institucional y se confunde deliberadamente la crítica a gobiernos anteriores con la destrucción de capacidades estatales permanentes.

Este enfoque no solo es conceptualmente erróneo, sino estratégicamente riesgoso: debilitar el Estado reduce la capacidad de implementar políticas de mercado estables y predecibles, condición necesaria para cualquier proyecto liberal serio.


Conclusión

La maduración democrática de la Argentina requiere una comprensión clara de que los gobiernos pasan, pero el Estado permanece. Exigir eficiencia, transparencia y límites al Estado no implica destruirlo, sino profesionalizarlo y despolitizarlo.

Mientras la sociedad siga confundiendo gobierno con Estado, cada cambio político será vivido como una refundación traumática, y no como una alternancia normal dentro de un marco institucional estable

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