A poco mas de un año de su salida del gobierno, la gestión de Alicia Kirchner podría ser investigada en la mega causa de la compra de aviones jet, que involucra tanto entes estatales como empresas privadas.
Ya nada sorprende respecto a las trampas realizadas durante los gobiernos “K”; en maniobras destinadas a defraudar al Estado, siempre en busca de millonarios beneficios económicos para quines estaban dentro del “circulo de poder”.
Pero en este caso, hay un aspecto que “indigna” ya que la masiva compra de aviones en el exterior para traer a nuestro país, se dio mientras las restricciones a las importaciones paralizaban el acceso a medicación para enfermedades terminales, y otros insumos sanitarios básicos. Esto es en medio de la Pandemia y luego de ella, con diversas excusas los “beneficiados” por el gobierno de Alberto y Cristina, ingresaban vehículos de lujo al país, en este caso aeronaves que en muchos casos, hoy se desconoce su paradero. La sospecha de los investigadores es que si bien la compra de los aviones era el eje del negocio, en realidad la “ganancia” estaba en la utilización de disposiciones oficiales que les permitían hacer una “diferencia” con el tipo de cambio: manejo de millones de dólares en negro.
Es así que luego de poco más de un año en los que se concretó la primera denuncia; y tras un periodo en donde la causa estuvo “dormida”, comienzan a avanzar los procedimientos para acumular pruebas que revelen la trama delictiva que incluye tanto a funcionarios como a empresarios; entre ellos Alicia Kirchner y los funcionarios que armaron la estructura administrativa para comprar un avión supuestamente “sanitario” que hoy esta fuera de funcionamiento.
La investigación
En un comienzo, la Justicia investigó unas 300 aeronaves, entre aviones y helicópteros, ingresados al país entre enero de 2020 y febrero de 2022, pero luego el relevamiento se amplió hasta mayo del 2023.
Según los datos que comienzan a confirmarse hasta el momento son dos gobernadores (Kirchner de Santa Cruz y Gerardo Zamora de Santiago del Estero); pero en otra línea de investigación la Afip (hoy en vías de cierre y modificación) investigaba a los gobierno de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires, además de al menos una Fuerza de seguridad Federal y a 36 empresas que lograron importar aviones a pesar de las restricciones.
Lo que claramente se esta investigando es “contrabando y sobre facturación” y al parecer los indicios y los primeros elementos recogidos en la causa van en una dirección positiva.
En la maniobra investigada, se presume que los compradores, que accedieron a dólar oficial para comprar los vehículos, sobrefacturaron las operaciones engañando al Estado. De este modo, el mecanismo continúa en el exterior solicitando al vendedor una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, si no es controlado debidamente, termina siendo un gran negocio para los involucrados.
De acuerdo a los primeros datos que trascienden, la mayoría de las operaciones involucran a empresas de alquiler de aviones y taxis aéreos – que de por si ya tienen facilidades impositivas- pero también hay empresarios conocidos de empresas de energía y la construcción, algunos de ellos incluidos en causas por corrupción.
Si bien la principal hipótesis es que el negocio estaba en la denominada “brecha cambiaria” – que de por si no es delito – la combinación de las operaciones y maniobras que incluyen organismos oficiales llevaría a ilícitos como el contrabando por sobrefacturación, lavado de dinero e infracciones aduaneras.
Sospechosos
La ventaja del “dólar barato”, es decir la brecha que había entre el dólar oficial y el informal, facilitaba una especia de “contabilidad creativa” por parte de los empresarios del sector, mecanismo que habrían utilizado también algunos entes oficiales y gobierno provinciales; entre ellos el de Alicia Kirchner en Santa Cruz.
No todos tenían “acceso” a estos beneficios y de allí se desprende la discrecionalidad con la que actuaron varios ente oficiales que hoy esta bajo la lupa como la AFIP y la Aduana; y en el caso de la provincia sería tanto el ministerio de economía como los entes de control.
Fue en ese contexto que la gestión de Alicia trajo desde los Estados Unidos, un avión Pilatus PC-24, 0km, matriculado LV-KJY y bautizado “La Cruz del Sur”. Aunque su llegada fue oficializada el 19 de septiembre de 2023, esta aeronave estaría fuera de servicio. Según fuentes cercanas a la gestión de Alicia, este avión se pagó en “pesos” con “fondos de tesoro provincial” y se accedió a la aeronave mediante una licitación.
Lo extraño es que si bien, ex funcionarios del gobierno K pretenden aclarar que la compra se efectúo en moneda nacional; esta licitación fue de carácter internacional, con un precio final de US$14.671.000; con lo cual queda a la vista que se debió realizar la transacción en moneda extranjera y utilizando los mecanismos señalados para el acceso al denominado “dólar oficial”. Es por eso que la Justicia incluyó el caso del gobierno santacruceño en la investigación, pero en los próximos días podrían conocerse nuevos involucrados en la causa, entre ellos un ex funcionario y ex ministro provincial, actualmente multi millonario empresario santacruceño que también habría adquirido un “Jet privado” mediante este mecanismo fraudulento.