La reciente conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) ha puesto de manifiesto la creciente tensión entre el sector industrial y el gobierno de Javier Milei.

La falta de atención a las inquietudes de los empresarios y la defensa de una apertura económica sin condiciones han generado un clima de descontento que no se puede ignorar. La intervención de Martín Rappallini, vice y futuro presidente de la UIA, es un claro indicador de la frustración que siente el sector ante un gobierno que parece desestimar su rol fundamental en la economía.

Rappallini, en un discurso contundente, exigió respeto y condiciones equitativas para competir. Su reclamo de “no queremos que nos protejan, queremos competir” refleja un deseo legítimo de los industriales de ser parte de un juego global, pero bajo reglas justas que no favorezcan a aquellos que operan con subsidios y prácticas desleales. Este llamado a la igualdad de condiciones es un eco de las preocupaciones de muchos empresarios que ven cómo la apertura indiscriminada de importaciones puede poner en riesgo no solo sus negocios, sino también el empleo que generan.

La respuesta del gobierno, representada por Juan Pazo, secretario coordinador de Producción, fue, en el mejor de los casos, insatisfactoria. Pazo defendió la política de apertura económica argumentando que “es imposible que las empresas quiebren si hay apertura”. Esta afirmación, que parece ignorar la realidad de muchas pequeñas y medianas empresas que ya están luchando por sobrevivir, demuestra una desconexión preocupante entre el gobierno y el sector productivo. La idea de que las empresas deben “transformarse” ante la apertura suena más a un desafío que a una solución, dejando a los empresarios con la carga de adaptarse a un entorno que, sin un marco regulatorio justo, puede resultar letal.

Además, la promesa de un proyecto de ley para la promoción de inversiones y empleo, que se presentará en un contexto legislativo incierto, no es más que un consuelo vacío. Con las sesiones ordinarias a punto de concluir y la incertidumbre sobre su inclusión en el período extraordinario, la falta de un compromiso claro por parte del gobierno deja en evidencia su falta de interés en abordar las necesidades urgentes del sector industrial.

Es fundamental que el gobierno de Milei reconsidere su enfoque hacia la industria nacional. La economía argentina no puede sostenerse únicamente a través de políticas monetarias; necesita un sector productivo fuerte y competitivo. Ignorar las demandas de la UIA y desestimar su importancia en la recaudación fiscal y la generación de empleo es un error estratégico que podría tener repercusiones graves para el futuro económico del país.

El llamado de Rappallini a que se respete al empresariado nacional es un grito de alerta que debe ser escuchado. La industria argentina no pide privilegios, sino condiciones justas para competir en un mercado global. La apertura económica debe ir acompañada de políticas que protejan a los sectores vulnerables y que fomenten un desarrollo sostenible y equilibrado. Si el gobierno continúa por el camino de la indiferencia, corre el riesgo de desmantelar las bases de la economía nacional, con consecuencias que podrían ser irreversibles.