El controvertido impacto que puede causar en Santa Cruz la posible instrumentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se debate en la Legislatura;  la retirada de YPF de los yacimientos maduros tras una sistemática desinversión que hizo disminuir la producción de crudo y regalías, poniendo también en riesgo miles de puestos laborales, fueron algunos de los temas que abordara el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco en declaraciones formuladas a una emisora radial de Caleta Olivia. 
Jorge Marcelo Soloaga atribuyó gran parte de este complejo y critico panorama que afronta la provincia a las políticas neoliberales y extranjerizantes que viene implementando del gobierno nacional de Javier Milei.
En el caso del ámbito petrolero, consideró que la superación de los problemas no pasa solamente por un proyecto de prospección sísmica que se anunció recientemente  para la Cuenca Austral, dado que es un proyecto de exploración a largo plazo y por ahora solo otorgaría algo más de cien puestos de trabajo, en su mayoría, de alta capacitación profesional.
“No digo que esto no sea importante y no voy a desmerecerlo ya que valoro que el gobierno provincial lo haya dado a conocer, pero hay que ponerlo en el contexto de un proyecto que recién empieza y llevará mucho tiempo su desarrollo”, puntualizó.

CONTRA LA ENTREGA DE
RECURSOS ESTRATÈGICOS
La requisitoria periodística lo llevaron luego a hacer especial hincapié en el RIGI, del cual dijo que así como está planteado, es una entrega solapada de los recursos estratégicos del país a los grupos monopólicos internacionales que se quedan con siderales ganancias en desmedro de las comunidades regionales, salvo que éstas le impongan fuertes condiciones.
Esto último de acuerdo al relato que escuchó de algunos representantes de municipios de Neuquén, cuando compartió una reunión en Comodoro Rivadavia, en el marco de la Feria Industrial y Desarrollo Tecnológico.
A modo de ejemplo, citó que “ellos manifestaron que cuando se instala una empresa, además de  las exigencias fiscales y otras normativas, se le impone por disposición del Estado Neuquino, a través de su gobernador, Rolando Figueroa, al presentar un proyecto de inversiones petroleras se deben hacer cargo de obras de infraestructura, como ser rutas, hospitales y escuelas”.
“Yo creo que si esa metodología se hubiese aplicado históricamente en la nuestra cuenca no tendríamos los problemas que hoy nos preocupan y de hecho, ese comportamiento, se contrapone con esa figura nefasta del RIGI que desnuda a los pueblos y los pone en una situación de insustentabilidad debido a las eximiciones impositivas y al remanido y mentiroso argumento de la necesidad de estabilidad fiscal”, evaluó.
“Entonces -afirmó- cuando se hacen este tipo de acuerdos de inversiones con grupos poderosos y capitales especulativos, que por el RIGI deben invertir 200 millones de dólares y no quieren pagar ni la leche del gato nos preguntamos ¿hasta cuándo la dirigencia política se va a bajar los pantalones en la plaza pública y a la vista de todos?” .
“Es por eso que yo rechazo el RIGI y rechazo lo que hizo el gobierno de Milei y el Congreso de la Nación, incluso con manos santacruceñas levantadas”.
“De igual modo, me sorprende y no comparto la desición de aprobarlo en nuestra provincia con livianos argumentos, como si la historia no nos hubiese enseñado que aquí vinieron inversores con supuestos gestos altruistas desde lo económico y desde proyectos de inversiones, desde lo laboral y lo social, pero resulta que después se llevan todas las ganancias obtenidas para desarrollarse en otros lugares dejando vulnerabilidad social en nuestros pueblos” como ocurre por ejemplo ahora con la transferencia de inversiones de YPF hacia Vaca Muerta, “favoreciendo principalmente a los empresarios privados como el caso de Paolo Roca, principal referente de Techint”.
En ese sentido sostuvo que ello no solo se visualiza en el campo del petróleo sino también en otros rubros, como en el de la industria minera metalífera, a la cual en Argentina y en Santa Cruz solo se le exige el pago de un miserable canon del 3% de sus siderales ganancias, sin que sus inversiones corran riesgo alguno porque los recursos metalíferos tienen ganancias garantizadas en el mundo.
Para fundamentar sus dichos, citó que “siguen con el mismo cuento” y en esta zona nunca se construyó una destilería de petróleo o una planta procesadora primaria de minerales de metales preciosos.

EL FALAZ RELATO
DE JAVIER MILEI
En otro pasaje de la entrevista hizo referencia al “relato falaz” de la dirigencia de La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, que se arroga haber logrado poner al país en una excelente ecuación financiera.
En rigor, afirmó, solamente resulta beneficiosa para el empresariado que cotiza en las bolsas de valores internacionales, pero la otra ecuación, la social y económica, que afrontan las grandes mayorías populares, es un desastre.
Ejemplos de ello, enumeró, la caída de la economía real que se entiende desde la caída del consumo que provoca la lógica caída de las ventas, de las pymes y consecuentemente de miles de puestos laborales, el recorte de medicamentos gratuitos a jubilados afiliados al PAMI, el cercenamiento de insumos a miles de comedores comunitarios, la caída estrepitosa de los recursos a las provincias, a la educación, a la salud, priorizando el pago de la deuda externa al FMI” Además, resaltó, se calcula una falsa disminución de la inflación porque no se tienen en cuenta los siderales aumentos que constantemente acusan las tarifas de los servicios esenciales como los de energía eléctrica, gas y comunicaciones, por citar algunos rubros no contemplados por el INDEC a la hora de calcular el costo de vida y la inflación.
A su criterio, todo esto es un caldo de cultivo para una fuerte reacción social y es por ello que la “inefable” ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorre el país para crear “comandos de seguridad unificados” con las fuerzas de seguridad nacional y provinciales, como ocurrió hace pocos días en Comodoro Rivadavia.
Para Soloaga, bajo la excusa de combatir delitos comunes, lo que se prepara en realidad es la puesta en marcha  de “un gran aparato ultra represivo” contra manifestaciones populares producto  de la recesión económica  y de la desocupación laboral que se avecina ante la “corrida petrolera” a Vaca Muerta.