En un contexto político marcado por la polarización y el debate sobre la seguridad, la propuesta de la pena de muerte ha vuelto a cobrar relevancia en Argentina, especialmente bajo el gobierno de Javier Milei. Durante una reciente emisión del programa “Fuera de Agenda” en C5N, Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y figura destacada del bloque La Libertad Avanza, ofreció declaraciones que han generado un intenso debate.

Benegas Lynch, conocido por su apoyo incondicional a las políticas de Milei, abordó varios temas, incluyendo el cierre del Banco Central, una de las propuestas más controvertidas del gobierno. Sin embargo, fue su postura sobre la pena de muerte la que captó la atención. En respuesta a las declaraciones de José Luis Espert, quien sugirió medidas drásticas contra los delincuentes, Benegas Lynch manifestó: “Creo en la igualdad ante la ley y eso implica la justicia. La pena de muerte, creo que con las violaciones… hay hechos aberrantes que, cuando los encuentras con las manos en la masa, tiendo a pensar en la pena de muerte”.

El diputado también reflexionó sobre los riesgos que conlleva la implementación de esta medida en un sistema democrático. “La pena de muerte la tienen los gobiernos, y eso lo pueden usar las tiranías para ir en contra de la gente”, advirtió. A pesar de sus reservas, dejó entrever que en ciertos casos extremos podría considerarse su aplicación.

Esta propuesta ha reavivado el debate sobre el sistema penal argentino y la percepción de la justicia en el país. Benegas Lynch enfatizó la necesidad de reformar la idea de que los delincuentes deben ser mantenidos en prisión por el estado, sugiriendo que deberían trabajar para resarcir a las víctimas de sus crímenes.

La discusión sobre la pena de muerte no es nueva en Argentina, pero cobra nueva vida en un contexto donde la seguridad y la justicia son temas de preocupación constante para la población. La postura de Benegas Lynch podría reflejar una tendencia dentro del gobierno de Milei hacia políticas más severas en materia de justicia penal, lo que generará un debate profundo sobre los límites de la justicia y los derechos humanos en el país.

Mientras el gobierno continúa avanzando en su agenda, la cuestión de la pena de muerte seguirá siendo un tema candente que requerirá un análisis cuidadoso y un diálogo abierto en la sociedad argentina. La forma en que se aborde esta propuesta podría tener implicaciones significativas para el futuro del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales en el país.