La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la política migratoria del país. Desde su primera campaña electoral, el entonces candidato transformó a los migrantes latinos en un nuevo enemigo interno, utilizando un discurso xenófobo que resonó entre sus seguidores y que ha tenido consecuencias devastadoras para millones de personas. Su administración ha desatado una ola de miedo y ansiedad entre las comunidades hispanas, que se sienten cada vez más vulnerables y desprotegidas.

Trump ha prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”, y para ello ha desdibujado las líneas que antes protegían a ciertos espacios, como escuelas, hospitales e iglesias, de las redadas antiinmigrantes. La retórica despectiva de su administración, que se traduce en declaraciones de altos funcionarios que deshumanizan a los indocumentados, ha alimentado un ambiente hostil donde hablar español o tener un tono de piel más oscuro se ha convertido en un motivo de sospecha.

Los datos son alarmantes: se estima que hay alrededor de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, muchas de las cuales contribuyen significativamente a la economía del país. En 2022, los migrantes pagaron más de 95.000 millones de dólares en impuestos, y la mayoría ha estado en el país durante más de cinco años, con un porcentaje mínimo que tiene antecedentes criminales. Sin embargo, el mensaje que prevalece es claro: ya no son bienvenidos.

El impacto de estas políticas es palpable en las comunidades. Mariana, una migrante venezolana, vive aterrorizada ante la posibilidad de ser deportada junto a su familia. La revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha generado una sensación de desesperanza, obligando a muchos a diseñar “planes B” para proteger a sus hijos en caso de una detención. La separación familiar se ha convertido en una realidad desgarradora, y muchos padres sienten que deben tomar decisiones difíciles para salvaguardar el futuro de sus hijos.

El miedo ha llevado a algunos migrantes a evitar salir de casa o a no llevar a sus hijos a la escuela, mientras que otros buscan asesoramiento legal para entender sus derechos. Las iglesias y organizaciones comunitarias han tomado un papel activo en la defensa de los derechos de los inmigrantes, brindando información y apoyo a aquellos que se sienten amenazados. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo abrumadora.

La retórica de Trump ha fomentado un ambiente en el que la violencia y el racismo se normalizan. Se han reportado incidentes en los que ciudadanos se hacen pasar por agentes de inmigración y acosan a migrantes en la calle, lo que refleja un clima de hostilidad que se ha intensificado bajo su administración. La polarización del discurso político ha llevado a un amplio apoyo popular para las políticas de deportación, con encuestas que indican que un porcentaje significativo de votantes está de acuerdo con estas medidas.

Sin embargo, muchas de estas decisiones están siendo cuestionadas en los tribunales. Expertos legales advierten que despojar de protección a migrantes que ingresaron legalmente al país puede ser inconstitucional. La lucha por los derechos de los migrantes continúa, y aunque el camino es difícil, hay una creciente resistencia entre aquellos que se niegan a ser silenciados.

La experiencia de los migrantes en la era Trump es un recordatorio de que la lucha por la dignidad y la justicia no termina con la llegada de un nuevo líder. A pesar del miedo y la incertidumbre, las comunidades latinas están encontrando formas de organizarse y protegerse mutuamente, mostrando que la solidaridad y la resistencia son más fuertes que el odio y la división. La historia de los migrantes es una historia de lucha, y mientras haya esperanza, habrá una voz que se levante contra la opresión.