El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia legal tras la presentación de la primera denuncia penal en su contra, formulada por cuatro dirigentes políticos. La acusación incluye cargos de “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en relación con la promoción de $Libra, una criptomoneda que supuestamente tiene vínculos fraudulentos.

En el documento judicial, que los denunciantes hicieron público a través de las redes sociales, se afirma que Milei es un “partícipe necesario y fundamental” en una “megaestafa” que ha afectado a más de 40,000 personas, con pérdidas que superan los 4,000 millones de dólares. La denuncia también menciona a figuras cercanas al presidente, incluyendo a dos militantes y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como al empresario Julián Peh, CEO de Kip Protocol, quien desarrolló la criptomoneda, y a Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, que proporcionó la infraestructura tecnológica necesaria para su funcionamiento.

Los denunciantes alegan que la organización detrás de $Libra actuó de manera concertada para llevar a cabo miles de estafas de manera premeditada y simultánea. En el documento se sostiene que Milei, al promocionar el “emprendimiento privado” en sus redes sociales, tenía pleno conocimiento del proyecto, a pesar de que posteriormente eliminó la publicación y afirmó no tener relación con él.

La reacción del mercado fue inmediata: tras la promoción de Milei, la demanda por $Libra se disparó, inflando su valor y moviendo millones de dólares, pero posteriormente su valor se desplomó. Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, tras el aumento inicial, los inversores comenzaron a retirar su dinero, resultando en una pérdida de más de 4,400 millones de dólares en capitalización de mercado en apenas cinco horas.

La denuncia también sugiere que hubo una “coordinación” entre el anuncio del proyecto y el tuit de Milei, lo que ha llevado a los acusadores a concluir que es improbable que el presidente no tuviera conocimiento previo del mismo.

Como medidas cautelares, los denunciantes han solicitado a la Justicia que realice requisas en la residencia presidencial y en la sede de la Presidencia de la Nación para incautar equipos electrónicos. También piden la identificación y requisa de las propiedades de los denunciados y de las empresas implicadas, así como la intervención y peritaje de la plataforma X para resguardar el contenido de las cuentas de Milei y de los demás involucrados.

En respuesta a la denuncia, la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina ha decidido investigar al presidente y a miembros de su gabinete, en un movimiento solicitado por el propio Milei. En un comunicado, la Oficina del Presidente informó que Milei ha decidido permitir que la OA determine si ha existido alguna conducta impropia por parte de él o de su equipo.

Además, se ha creado una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para investigar el caso de $Libra y a todas las personas y empresas implicadas en su operación. Esta unidad estará bajo la supervisión del presidente y contará con representantes de organismos relacionados con criptoactivos y actividades financieras.

La situación de Javier Milei marca un giro significativo en su mandato, poniendo de relieve las tensiones políticas en Argentina y planteando serias preguntas sobre la regulación y la transparencia en el ámbito de las criptomonedas en el país. La investigación en curso y sus posibles repercusiones políticas serán objeto de atención en los próximos meses.