El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando firmar un decreto que declararía el inglés como el idioma oficial del país, según fuentes cercanas al mandatario. Aunque aún no se ha definido una fecha para la firma del decreto, la propuesta ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y las implicaciones que tendría para la diversidad lingüística en Estados Unidos.
Históricamente, Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial a nivel federal, a pesar de que el inglés es el idioma más hablado en el país. Según un análisis de la Oficina del Censo de EE. UU. publicado en 2022, aproximadamente 67,8 millones de personas, de una población total de alrededor de 330 millones, hablaban un idioma distinto del inglés en casa en 2019. Este número representa un aumento del 52 por ciento en comparación con el censo de 2000, lo que pone de relieve la creciente diversidad lingüística en el país. De estos, el grupo más numeroso corresponde a hablantes de español, con 41,8 millones de personas.
La propuesta de Trump también plantea la posibilidad de derogar una orden ejecutiva emitida por el ex presidente Bill Clinton durante su mandato (1993-2001), que exige a las autoridades garantizar que sus servicios sean accesibles para personas con conocimientos limitados de inglés. Esta regulación fue diseñada para evitar que individuos se vean en desventaja debido a la falta de dominio del idioma inglés.
El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los planes de Trump, lo que ha llevado a un debate sobre el impacto que tendría esta medida en las comunidades no anglófonas y en la política de inclusión del gobierno. Críticos de la propuesta argumentan que declarar el inglés como idioma oficial podría marginalizar a las poblaciones que no dominan el idioma, mientras que los defensores sostienen que podría fortalecer la unidad nacional.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo esta posible medida podría afectar la política lingüística en Estados Unidos y la relación del país con sus diversas comunidades lingüísticas. La incertidumbre sobre la legalidad de la acción de Trump también ha suscitado preguntas sobre los límites del poder ejecutivo en cuestiones de política lingüística.
Con un panorama político ya polarizado, la propuesta de Trump promete ser un tema candente en el debate público y en la agenda legislativa en los próximos meses. La comunidad estadounidense observa de cerca cómo se desarrollará esta situación y qué implicaciones tendrá para el futuro del país.
