El alarmante incidente del escape de gas sulfhídrico (H2S) en el acueducto del Pozo-1159, perteneciente a la Batería LH-12, que afectó barrios de la localidad de Las Heras en el norte de Santa Cruz, es solo un indicio, es la “punta del iceberg” de una grave situación que subyace y que la operadora YPF no quiere hacerse cargo. No es cuestión de simplificar las cosas diciendo que se trata de un episodio relacionado con falta de mantenimiento en una locación en particular. Es un dato revelador del verdadero estado en el que YPF se plantea dejar los yacimientos del norte productivo santacruceño. La desinversión en los últimos años fue devastadora, no solo en falta de mantenimiento, sino también en planes de exploración e inversión concreta en todas las áreas de la empresa.
Es cierto que se conoció en las últimas horas que la municipalidad de Las Heras llevó adelante actuaciones por medio de la Policía Ambiental municipal y se propone multar a la compañía por la gravedad del hecho. Hay que recordad que vecinos de la localidad quedaron expuestos a este gas venenoso que no solo puede causar intoxicación, sino también la muerte de quien lo inhale, aunque brevemente, en una cantidad considerable. Seguramente la multa será severa, pero con esto no alcanza. YPF debe dar cuenta de cómo abandona los yacimientos y se debe conocer precisamente cuales fueron las inversiones que no realizó pese a ser anunciadas. Esa desinversión permitió que la contaminación fuera un peligro constante; sino que generó el declive productivo generalizado. Solo hay que mirar los números anunciados en los últimos años y contrastarlos las inversiones que realmente se concretaron en la zona.
Hay que recordar que, en octubre de 2012, Gustavo Astie, el entonces Vicepresidente Upstream Convencional de YPF afirmaba a la revista Fobers: «2021 año será bisagra, un año en que se reactivaron los proyectos de manera competitiva tras el parate en 2020 y da una base para el año próximo. Desarrollar Vaca Muerta y mantener el declino del convencional genera un potencial de actividad en explotación interesante con distintos objetivos y focos pero permitirá capitalizar oportunidades y hacerla realidad”. A qué se refería con “mantener el declinodel convencional”, ahora parece quedar claro. Se retirarían las inversiones de las áreas convencionales como el caso de la zona norte de Santa Cruz. Pero este mensaje contrastaba con lo que decía el presidente del YPF, Pablo González que desde su llegada como CEO de la compañía no paraban de anunciar inversiones para la provincia y específicamente para el norte provincial. Algo que a la luz de la actualidad eran mentiras.
Esta falta de operatividad en la zona, la caída de la producción y el abandono paulatino de los yacimientos convencionales de la provincia tenía que tener un efecto negativo en un corto plazo. Menos producción equivalen a menos regalías; y esa merma impactaría indefectiblemente en las arcas del Estado santacruceño. 

No se hacen cargo
“Me voy contento por lo que hice por Santa Cruz», afirmaba González en una entrevista dada a un medio de Río Gallegos a pocos días de dejar su cargo en YPF.
Más que contento por lo que había realizado al frente de la empresa, el funcionario debería haber explicado porque durante años anunció inversiones y planes para reactivar la producción en la zona norte; sin concretar nada.
En agosto del 2022, González junto a la entonces gobernadora Alicia Kirchner habían “ratificado” una inversión “por más de 400 millones de dólares” durante ese año; afirmando además que era “la más importante de los últimos cinco años” ubicando a la empresa como la principal productora de hidrocarburos de la provincia. En ese momento también se firmó un acuerdo que permitiría resolver una deuda que YPF mantenía con Santa Cruz por 341 millones de dólares, como consecuencia de la baja de inversiones en el período comprendido entre 2016 y 2019, y 100 millones de dólares adicionales. Con estos compromisos, la inversión total de YPF entre 2021 y 2027 asciende a la suma de 1.576 millones de dólares, un 38% por encima de lo establecido por la ley 3295”, se anunciaba oficialmente. Difícil es convencernos de que esas inversiones se realizaron.
Los últimos años del gobierno de Albert Fernández y Cristina Kirchner fueron una muestra de lo que se puede calificar como un “saqueo” y en ese contexto lo de YPF fue extraordinario. Con “La Cámpora” controlando la “caja” de la principal empresa nacional, la inversión para la producción petrolera en Santa Cruz fue parte de un discurso vació que solo sirvió para la campaña electoral que inevitablemente perdieron. Luego llegó Javier Milei a la presidencia y “compró” el relato de Vaca Muerta como la “salvación” de la industria energética nacional. Nadie duda del valor de ese “activo” pero la realidad es que las zonas convencionales aun mantenían alguna expectativa de reactivación.
En el contexto del nuevo gobierno y con el discurso de achicar el Estado y privatizar lo que haya que privatizar; llegó Horacio Marín a la presidencia de la operadora y confirmó que se abandonarían los denominados “yacimientos maduros”.  
“Quieren escapar y tirar la llave por la ventana”, sintetizó entonces en una entrevista con el diario Página 12 el ex gobernador Daniel Peralta. La estatal todavía no especificó qué hará respecto de las obras de inversión no cumplidas, así como los seguros de caución comprometidos (¿se los abonará a la provincia?), ni se responsabilizó por los “pasivos ambientales” generados en estos muchos años de operación. Se denominan de esta forma a una serie de obras que abarcan el tratamiento de los residuos petroleros, la limpieza de los tanques, el taponamiento de pozos, remediación de los suelos empetrolados, revegetación del ambiente, etc”, cuestionaba ese medio.
Ya a finales del año pasado, un informe dado a conocer por el portal Opi Santa Cruz reseñaba: En el caso de los 304 pozos productores paralizados, la producción perdida mensual asciende a 8.496 m³, lo que representa 53.438 barriles de crudo valuados en 4.365.506 dólares. A esto se suman 85 pozos inyectores fuera de operación, que impactan indirectamente en 15.300 m³ de petróleo mensuales, equivalentes a 96.234 barriles y una pérdida estimada de 7.861.611 dólares. En total, estas inactividades generan un perjuicio económico de más de 12,2 millones de dólares mensuales y afectan directamente las regalías provinciales, que se reducen en 1,46 millones de dólares al mes”.
Analizando estos números, tal vez Pablo Gonzáles no debiera estar contento con lo que hizo durante su gestión al frente de YPF


Emergencia
La situación es compleja y el panorama a corto plazo se presenta como altamente conflictivo. Por parte de YPF parece haber intransigencia y prefiere seguir enfocado en sus mega proyectos de inversión. Pareciera que Santa Cruz tiene un escaso valor en términos de población como para estar interesados en resolver un problema que bien se podría resolver admitiendo responsabilidades e invirtiendo para revertir la situación.
Hasta ahora, la provincia es la única que ha buscado una salida al problema. La semana pasada se votó y aprobó por unanimidad en la Legislatura la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, que otorga beneficios fiscales a las petroleras que inviertan en los pozos maduros abandonados por YPF.
En contra prestación, las empresas deberán mantener los puestos de trabajo, en un contexto donde la “huida” de YPF generaría más de 2 mil retiros voluntarios y un clima de incertidumbre.
Es importante mencionar que la ley fue impulsada por gobierno de Claudio Vidal, y se logró mediante el dialogo entre el oficialismo y los dos bloques opositores. Como detalle habría que agregar que la emergencia hidrocarburífera regiría hasta el 31 de diciembre y se podría sintetizar en un régimen de incentivos fiscales destinado a reactivar la producción y sostener el empleo en la provincia.
Básicamente es un “rescate a la industria petrolera” pero sobre todo a la zona norte de la provincia que ve con preocupación la salida de YPF.
“El gobernador no buscó esa crisis. La heredó por la mala praxis de gestiones anteriores, tanto públicas como privadas. Pero su compromiso a futuro es claro: garantizar el desarrollo sostenible de la provincia”, dijo un vocero del gobierno al medio EconoJournal.
La conclusión es clara: esta nueva crisis es consecuencia de decisiones pasadas que no priorizaron el futuro ni la exploración en Santa Cruz. Se miró para otro lado cuando había que exigir inversiones y controlar lo que hacía YPF. Por eso, vamos a ser distintos con quienes decidan acompañar a la provincia, a su riqueza, a invertir para dar empleo. Queremos que tengan éxito y condiciones para que el beneficio sea para las empresas, pero que también incluya a los trabajadores”, aseguraron.