La reciente decisión del presidente argentino, Javier Milei, de nombrar por decreto a dos jueces para la Corte Suprema ha desatado una ola de críticas y preocupaciones sobre la independencia judicial en el país. Al eludir el proceso constitucional que requiere la aprobación del Senado, Milei no solo socava el sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para la democracia, sino que también establece un precedente peligroso para el futuro del Estado de derecho en Argentina.
Un Nombramiento Controversial
El 26 de febrero de 2025, Milei firmó un decreto para designar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla en dos vacantes de la Corte Suprema. Esta acción se produjo después de que Milei no lograra obtener la mayoría de dos tercios del Senado necesaria para los nombramientos, un proceso que ha sido considerado un pilar de la independencia judicial. La decisión de nombrar a estos jueces por decreto se basa en una interpretación cuestionable de la Constitución argentina, lo que ha llevado a organizaciones como Human Rights Watch a calificarla como uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema desde el retorno a la democracia.
Lijo, en particular, enfrenta serias preocupaciones debido a su historial, que incluye cinco investigaciones disciplinarias pendientes y acusaciones de manipulación de casos de corrupción. Estas inquietudes han sido expresadas por diversas organizaciones de derechos humanos y académicos, quienes han cuestionado la idoneidad de los candidatos propuestos por Milei.
Un Precedente Peligroso
La acción de Milei no es la primera vez que un presidente argentino intenta eludir el proceso legislativo para nombrar jueces. En 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó un enfoque similar, pero los nombramientos fueron criticados y finalmente se sometieron a la aprobación del Senado. Sin embargo, la decisión actual de Milei marca un cambio significativo en la forma en que se manejan los nombramientos judiciales, lo que podría tener repercusiones duraderas para la independencia del poder judicial en Argentina.
El hecho de que Milei haya optado por este camino sugiere una falta de respeto por los procedimientos democráticos y un intento de consolidar el poder ejecutivo a expensas del legislativo. Esta tendencia es alarmante, especialmente en un contexto donde Argentina ya enfrenta desafíos significativos en términos de derechos humanos y justicia.
La Necesidad de un Proceso Adecuado
La independencia judicial es un principio fundamental que debe ser protegido para garantizar la imparcialidad y la justicia en la aplicación de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la importancia de un “adecuado proceso de nombramiento” que asegure la independencia de los jueces. Al nombrar a Lijo y García-Mansilla sin el consenso del Senado, Milei no solo ignora este principio, sino que también debilita la confianza pública en el sistema judicial.
Es crucial que el Senado actúe de inmediato para someter a votación los nombramientos y garantizar que se respeten los procedimientos constitucionales. La fortaleza de las instituciones democráticas de Argentina depende de su capacidad para resistir ataques a su independencia y para proteger el Estado de derecho.
Conclusión
La decisión de Javier Milei de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto representa un grave riesgo para la independencia judicial en Argentina. Este acto no solo socava los principios democráticos, sino que también establece un precedente peligroso que podría tener repercusiones a largo plazo para el sistema legal del país. Es imperativo que las instituciones argentinas se mantengan firmes en la defensa del Estado de derecho y trabajen para restaurar la confianza en un sistema que debe ser justo, imparcial y transparente. La democracia argentina merece líderes que respeten sus fundamentos y que se comprometan a proteger los derechos de todos sus ciudadanos.
