La jornada del 12 de marzo de 2025 se convirtió en un hito significativo en la política argentina, marcada por una brutal represión policial durante una protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional. Este evento no solo dejó un saldo de 124 detenidos y numerosos heridos, sino que también evidenció profundas fisuras dentro del oficialismo, particularmente entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Contexto de la Protesta
La manifestación fue convocada por jubilados que exigían mejoras en su calidad de vida y el cese de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno. Sin embargo, la situación se tornó violenta, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales que resultaron en una represión desmedida. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lideró la respuesta policial, la cual ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del oficialismo.
La Contradicción entre Milei y Villarruel
Victoria Villarruel, en un intento de distanciarse de la narrativa oficial, expresó su desacuerdo con la violencia empleada en la represión. En sus declaraciones, afirmó que la protesta es parte del ejercicio democrático y que la justicia debe expedirse sobre los hechos ocurridos. Esto contrasta fuertemente con el discurso de Javier Milei y su gabinete, quienes han calificado los disturbios como un “intento de golpe de Estado” orquestado por sectores opositores.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, defendió la actuación policial y acusó a los manifestantes de buscar generar caos político. Sus declaraciones reflejan la postura beligerante del gobierno, que se opone a la moderación que Villarruel intenta representar. Esta discrepancia ha puesto de manifiesto una ruptura política que podría tener repercusiones significativas para la gobernabilidad del oficialismo.
Reacciones y Consecuencias
La represión ha desencadenado una ola de críticas, no solo por la violencia ejercida, sino también por la liberación masiva de detenidos por parte de la jueza Karina Andrade, lo que generó tensiones adicionales. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acusó a la magistrada de incumplimiento de funciones, reforzando la narrativa oficial que criminaliza a los manifestantes.
La polarización dentro del gobierno se ha intensificado, con Villarruel intentando posicionarse como una figura moderada frente a un círculo cercano a Milei que adopta un enfoque más agresivo. Esta dinámica interna refleja un abismo creciente entre los funcionarios libertarios y la vicepresidenta, quien ha sido clave en el ascenso de Milei al poder.
Conclusiones
La jornada del 12 de marzo ha dejado al descubierto no solo la brutalidad de la represión policial, sino también las profundas contradicciones dentro del gobierno de Javier Milei. La fractura entre Milei y Villarruel no solo complica la gobernabilidad, sino que también plantea serias preguntas sobre la dirección futura del país y la capacidad del gobierno para manejar la creciente insatisfacción social.
El desafío para el oficialismo será encontrar un equilibrio entre mantener el orden público y respetar los derechos democráticos, evitando que la polarización interna se convierta en un obstáculo insuperable para su estabilidad política. La situación actual exige un diálogo urgente y una reflexión sobre las políticas implementadas, especialmente en un contexto donde la violencia y la represión parecen estar en aumento.
