El 13 de marzo de 2025, el presidente Javier Milei emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, mediante el cual se amplió el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en $7.366 millones. Este incremento se produce en un contexto de recortes en otros sectores clave del Estado, lo que ha generado un intenso debate sobre las prioridades del gobierno en términos de gasto público y su impacto en la población.

Contexto Fiscal

El gobierno de Milei ha manifestado su intención de mantener el equilibrio fiscal a través de lo que se ha denominado el “ajuste más grande de la historia”. Este ajuste ha implicado recortes significativos en áreas críticas como salud, educación, ciencia y seguridad social, afectando a los sectores más vulnerables de la población. A pesar de esta política de austeridad, el gobierno ha decidido aumentar el presupuesto destinado a la SIDE, lo que ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la asignación de recursos públicos.

Detalles del Aumento Presupuestario

El DNU 186/2025 establece que el total del incremento presupuestario para la SIDE asciende a $7.366.286.591. De esta cifra, $1.625 millones están destinados a “gastos reservados”, que son fondos que se utilizan para actividades de inteligencia y cuyo uso específico no es público, bajo el argumento de la seguridad nacional.

Distribución de los Fondos

1.  Gastos Corrientes:
•   Total: $6.344 millones
•   Desglose:
•   Pagos al personal: Se incrementa en $885 millones.
•   Bienes de consumo (comida, vestimenta, productos de uso diario): Aumento de $1.145 millones.
•   Servicios no personales (energía, comunicaciones, alquileres, etc.): Se destinan $4.323 millones, que incluyen los gastos reservados.
2.  Gastos de Capital:
•   Total: $1.022 millones
•   Este rubro incluye inversiones en infraestructura y otros activos duraderos.

Reacción Pública y Críticas

El aumento del presupuesto de la SIDE ha generado reacciones adversas en diversos sectores de la sociedad. Muchos ciudadanos y analistas han expresado su indignación ante la aparente contradicción entre el discurso oficial de austeridad y el incremento en el gasto en inteligencia. Se ha denunciado que, mientras se recortan beneficios y servicios esenciales para la población, se priorizan gastos que no son transparentes y que pueden estar relacionados con la represión y el control social.

Además, ha habido denuncias de que el gobierno está presionando para frenar investigaciones que podrían comprometer su gestión, lo que ha alimentado aún más las críticas hacia la administración de Milei.

Conclusión

El aumento del presupuesto de la SIDE a través del DNU 186/2025 refleja una política de priorización de la seguridad y la inteligencia en detrimento de otros sectores fundamentales para el bienestar social. Este hecho ha suscitado un intenso debate sobre la dirección de la política fiscal del gobierno y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. A medida que se avanza en este contexto, será crucial monitorear las implicaciones de estos gastos en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la estabilidad social del país.