En los últimos años, Argentina ha experimentado un aumento notable en la producción de petróleo y gas, especialmente en la cuenca neuquina, donde se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta. Sin embargo, este crecimiento ha suscitado preocupaciones sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas del uso de la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking. Este informe examina el contexto actual del fracking en Argentina y sus implicaciones para la sociedad y el medio ambiente.

Contexto de la Producción de Hidrocarburos

Desde 2011, cuando Estados Unidos clasificó a Vaca Muerta como una de las mayores reservas de gas y petróleo de esquisto del mundo, Argentina ha visto un crecimiento significativo en su producción de hidrocarburos. En 2024, el país reportó un superávit en la balanza comercial energética por primera vez en trece años, gracias a las exportaciones de combustibles que alcanzaron los 9.677 millones de dólares.

La producción en Vaca Muerta representa más del 54% de la producción nacional de petróleo y el 50% del gas, con un aumento del 27% en la producción de crudo en diciembre de 2024 en comparación con el año anterior. Sin embargo, este crecimiento ha sido impulsado casi exclusivamente por el fracking.

Impactos Ambientales y Sociales

El fracking, que utiliza grandes cantidades de agua y productos químicos para fracturar rocas y extraer hidrocarburos, ha generado serias preocupaciones. Agustín González, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, advirtió que esta técnica “es extremadamente violenta” y puede comprometer los recursos hídricos y la calidad del suelo en áreas agrícolas.

Los impactos negativos del fracking se extienden a las comunidades locales, que enfrentan riesgos para su salud y medio ambiente. La expansión de la actividad petrolera en áreas agrícolas ha llevado a un conflicto entre la producción de alimentos y la extracción de recursos no convencionales.

Políticas Gubernamentales y Desafíos Regulatorios

Bajo la administración del presidente Javier Milei, el enfoque del gobierno hacia la energía ha cambiado drásticamente. El Ministerio de Ambiente ha sido relegado a una dependencia menor, y se han desfinanciado los fondos destinados a energías renovables. Esto ha llevado a la eliminación de compromisos climáticos y a una mayor dependencia de los combustibles fósiles.

El gobierno ha liberalizado la actividad petrolera, buscando desplazar al Estado y alinear los precios locales con los precios globales. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas, ya que no ha resultado en un aumento del bienestar de la población, que sigue siendo mayoritariamente empobrecida.

Desigualdades en la Distribución de Beneficios

A pesar de las inversiones significativas en la industria petrolera, los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente. En Neuquén, donde se concentra la producción de Vaca Muerta, los índices de pobreza son alarmantes, similares a los del resto del país. Las regalías petroleras se utilizan principalmente para cubrir gastos corrientes, sin que haya un impacto significativo en la infraestructura o en los beneficios sociales para la población.

Conclusiones

Argentina se encuentra en una encrucijada en su camino hacia el desarrollo energético. Si bien el fracking ha impulsado un crecimiento económico en el sector energético, sus implicaciones ambientales y sociales son preocupantes. La falta de un marco regulatorio sólido y la priorización de los combustibles fósiles sobre las energías renovables plantean serios desafíos para el futuro del país. Es crucial que se establezcan políticas que equilibren el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales.

Recomendaciones

1.  Desarrollo de un Marco Regulatorio: Establecer regulaciones estrictas para la práctica del fracking que protejan los recursos hídricos y la salud de las comunidades.
2.  Inversión en Energías Renovables: Revertir la desfinanciación de los programas de energías renovables y fomentar la transición hacia fuentes de energía más limpias.
3.  Distribución Equitativa de Beneficios: Implementar políticas que aseguren que las regalías de la industria petrolera se utilicen para mejorar la infraestructura y los servicios sociales en las comunidades afectadas.
4.  Participación Comunitaria: Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre proyectos de extracción de recursos para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus derechos protegidos.