Bien es sabido que, en las últimas décadas, en Santa Cruz, los lazos del “poder y la “connivencia” entre la política y la Justicia provincial fueron moneda corriente y que abrieron la puerta para que la corrupción se enquistara de manera siniestra en los tres Poderes del Estado.
Pese a los aires de cambio y el claro mensaje de la ciudadanía en las elecciones pasadas donde el kirchnerismo fue “eyectado” del gobierno mediante el voto, lo cierto es que las viciadas estructuras aún permanecen mediante capas geológicas de funcionarios corruptos.
Tal vez por esto es que muchos aún se manejan con total impunidad y además de intentar mantener los privilegios de “casta” operan en distintos ámbitos para hacer fracasar la gestión del gobierno provincial. Esto vuelve a quedar claro luego de conocerse los últimos ingresos en la estructura del Poder Judicial, con maniobras que combinan abusos, acuerdos espurios y favores políticos.
Esto se puede deducir de las presentaciones realizadas recientemente por el gremio de Judiciales de Santa Cruz ante el Ministerio de Trabajo, en donde se denuncia “designaciones irregulares” y prácticas desleales por parte de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pero los actores de esta maniobra no solo son parte de la “corporación” judicial, sino también dirigentes políticos reconocidos y sus familiares.
Este nuevo escándalo salió a la luz tras el controversial nombramiento de la hija de presidente del bloque Unión Por la Patria, Eloy Echazú, el pasado 11 de marzo; pese a que no cumplía con los más básicos requisitos y no contaría con estudios secundarios completos; entre otras arbitrariedades.
No se trata de un caso en particular, algo similar ocurrió cuando el vocal del TSJ Fernando Basanta (“okupa” de ese cargo), designó a la hija del ex diputado Pedro Valenzuela, “sin haber rendido concurso previo”, idéntica situación que la hija de Echazú.
En este contexto de connivencia, todos saben que estos favores políticos “se pagan” o mejor dicho “se cobran”, y el precio es la obediencia y subordinación a los “Jefes” de esta Casta que vació de honorabilidad y moral las instituciones de la provincia.
Pasar por arriba de las instituciones, pisar cabezas, acomodar amigos y familiares y solidificar un entramado que les permita ser “intocables” es la razón de la putrefacción que afecta hoy a la Justicia provincial.

Maniobras turbias

“El presidente del bloque Unión Por la Patria, Eloy Echazú, acordó el ingreso de su hija en la Justicia a cambio de favores políticos en la Cámara de Diputados”, reveló en las ultimas horas el portal Voces de la Cuenca, exponiendo la situación y haciéndose eco de las denuncias del gremio judicial y de cientos de menciones en las redes sociales que marcan la indignación por estos nombramientos.
Todo apuntaría a que la designación se concretó por orden del ex vicegobernador Pablo González; quien sería, de acuerdo a fuentes del ámbito político, el principal candidato a diputado nacional por el Kirchnerismo en Santa Cruz. 
Es importante señalar que estas maniobras dentro del Poder Judicial se dan en el contexto de un año electoral y los nombres que se pueden vincular a estos “arreglos” son reconocidos dirigentes K.
Queda en evidencia que existen fuertes intereses políticos detrás de los movimientos en el TSJ; y la designación de la hija del diputado kirchnerista – y mano derecha del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso – se habría dado a cambio de conseguir favores políticos de los diputados del bloque Unión Por la Patria en la votación de proyectos decisivos en la Legislatura Provincial.
En esta misma línea de análisis, Voces de la Cuenta apunta que esta última designación “no resulta casual ya que además ocurrió en el medio del pedido de desafuero de la Justicia al diputado del bloque oficialista Por Santa Cruz, Fernando Españon, por las causas judiciales que se le investigan”.
González estaría presionando a los Jueces que en su momento él mismo designó y que actualmente intervienen en dichas causas con el fin de remover al representante de la Cuenca de su banca en la Legislatura; pero además buscaría “blindar” al TSJ para que mantenga su “impronta K”.
El “arreglo” entre los diputados de Unión Por la Patria y algunos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz apuntaría también a evitar los juicios políticos de las vocales del TSJ, Dra. Reneé Fernández y la Dra. Paula Ludueña, que actualmente se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados de Santa Cruz”, reveló Voces de la Cuenca.

Empleado y operador

Que sea Pablo González quien se encuentre operando directamente sobre el máximo órgano de la justicia provincial no es casual.
El “operativo retorno” que pretende montar el Kichnerismo en Santa Cruz tiene un costado judicial que sería muy vulnerable en términos políticos si se activan las causas “cajoneadas” que incluyen a toda la vieja estructura K.
Vale recordar que desde el inicio de su gestión Vidal apuntó a los casos de corrupción y denuncias que incluían diversos estamentos del Estado, pero poco hizo el Poder Judicial para allanar el camino de las investigaciones.
Por otra parte, González, en cada función y cargo que ocupó, utilizó presiones y “correctivos” para quienes no se alineaban y “recompensas” para los que se subordinaba; ese era gran parte de su trabajo cuando recibía “ordenes” de sus Jefes. Es que a nadie le quedan dudas que el ex CEO de YPF fue y es el mejor “empleado” de Cristina y Máximo Kirchner.
Está claro que el Kichnerismo quiere volver; pero antes tiene que “enturbiar” el ambiente en la provincia; el “Caso Españon” es parte de esa agenda y por eso ya está operando en el Poder Judicial; pero también “comprando voluntades” en la casta política y judicial provincial.