Río Gallegos
La justicia santacruceña quedó inmersa en una desidia que no se relaciona de manera directa con el accionar del gremio judicial que perduró a lo largo de todo este 2017, sino quizás del propio poder judicial, que no se ocupó de suplir las vacantes faltantes y que sobrecarga a quienes diariamente pusieron su empeño, a pesar de todo, para sacar los juicios.
Hay situaciones que no tienen razón de ser en la justicia santacruceña y esto se ve reflejado en determinadas situaciones, como es el caso del incendio de noviembre del 2015 que afectó a la Cámara Oral de la Primera Circunscripción y que a pesar de haber transcurrido el tiempo, precisamente dos años de este suceso, hasta la fecha, sigue sin lograrse cobrar el seguro del siniestro que prácticamente destruyó un edificio histórico de la ciudad de Río Gallegos.
La causa de la demora atañe más a una decisión nacional, debido a que existe un rechazo por parte del Banco Nación de abonar el seguro, decisión que se tomó, una vez que asumió el nuevo Gobierno Nacional.
Una situación que lamentablemente se deberá resolver después de un extenso juicio, que ni siquiera tiene una fecha prevista de inicio.

Sistema
El abandono, por el que atraviesa la justicia pasa también por las innumerables vacantes que hasta el momento no se cubrieron, y que parece no preocupar ni al gremio, ni al Tribunal Supremo de Justicia, y al poder político de turno.
Como ejemplos, podemos citar la vacante dejada, hace ya cinco años, por el Doctor Ricardo Camutti que dejó un tribunal con sólo dos magistrados, la Dra. Rosa Núñez y el Dr. Joaquín Cabral, para afrontar todos los expedientes que llegan de los distintos Juzgados de Instrucción.
Una situación similar se vive en el Juzgado de Recursos, en el que desde hace seis años existe una vacante, al retirarse Rubén Lobos. Lo mismo ocurre en el interior de la provincia, como en Puerto Santa Cruz en donde se creó un juzgado que al día de hoy, cuenta con un fiscal subrogante, un adjunto.
En este marco, hace casi siete años, la Cámara Civil posee un vocal titular, con licencia por enfermedad y en condiciones de jubilarse, y a esto se suma la ausencia de fiscales en Comandante Luis Piedrabuena, en donde hay un juzgado civil en el que desde hace aproximadamente dos años su fiscal, el Dr. Piedrabuena está de licencia, y por lo tanto se encuentra a cargo un subrogante, el Dr. Taboada.
En Río Gallegos existen dos fiscalías, pero un solo fiscal, el Dr. José Chan que en la actualidad se encuentra con licencia, y por lo tanto, el Dr. Gustavo Cima, es titular de una fiscalía y subrogante de la fiscalía de Chan.
Todo lo expuesto deja en claro que mientras se han creado numerosas instituciones, aún sigue habiendo dos fiscalías. Es decir, se incrementó el número de juzgados, pero no varió la cantidad de fiscales.

Tribunal
Todos los magistrados de la Cámara Oral coinciden en la necesidad de la existencia de un Tribunal de Ejecución, y es que los mismos jueces que condenaron a los procesados –tribunal de sentencia-, son los que tendrán posteriormente, a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva, y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la etapa de ejecución.
Asimismo, tendrán a su cargo el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de las sanciones penales, y la defensa de los derechos de los condenados.
Se trabaja a destajo para ir sacando las urgencias de las personas o aquellas causas que están por prescribir, teniendo en cuenta que en la actualidad, ingresan el triple de expedientes que hace tres años atrás, a pesar de haber transcurrido el 2017 con medidas de fuerza por parte del sector judicial.
En definitiva, aquellos que manifiestan que la “Justicia está paralizada”, quizás con este concepto no permitan definir con veracidad el trabajo diario de magistrados y secretarios.
Como prueba de ello, en el transcurso del 2016 se realizaron cuarenta y cuatro (44) juicios orales y más de cuarenta (40) omisiones. Entonces, quizás sería más apropiado decir que la justicia trabajó a media máquina y esto no se puede atribuir a un paro del sector judicial, sino más bien a que no se cubren los cargos de aquellos empleados que sí tienen un compromiso con su trabajo.
Lo cierto, es que a medida que se forma a un empleado en la tarea judicial, estos terminan siendo trasladados a otras dependencias, ante la imposibilidad de continuar con su carrera en la Cámara Oral, ya que en la misma, no tienen posibilidad de ascenso.
Si el Tribunal de la Cámara Oral tuvo la posibilidad de llevar adelante juicios, fue debido a que contó con una empleada de juicio que organizó la agenda 2017. Una persona que al no poder acceder a ser Jefa de Despacho, a pesar de solicitar la creación de esta jefatura, en reiteradas oportunidades, finalmente cumplirá funciones con la Defensora Oficial de Menores, la Dra. Verónica Zuvic debido a que el pedido no prosperó. Quedando así, nuevamente relegada la Cámara Oral de la Primera Circunscripción. (Fuente: Pasa en Santa Cruz).

Postergados
La Dra. Alejandra Vila, desde hace cinco años viene subrogando en la Cámara Oral. Si bien, integró, en su momento la terna para camarista, junto al Dr. Jorge Yance y el Dr. Carlos Narvarte.
Finalmente, el segundo letrado mencionado fue elegido, pero su pliego nunca fue tratado, ni rechazado, obstaculizando con esta falta de decisión política la presentación de una nueva terna y la elección de un pliego, algo que beneficiaria el trabajo de la Cámara Oral y que está muy alejado de la medida de fuerza gremial. Esta indiferencia al tratamiento del pliego, terminó inhabilitando un nuevo llamado a concurso para cubrir el cargo de juez camarista.

Un escollo
Un aspecto directamente relacionado con la medida de fuerza realizada por los trabajadores del sector judicial fue la falta de funcionamiento de las oficinas de notificación, cuya tarea debió suplantarse con las comisarías, recargando al personal policial de las distintas dependencias. Durante el 2017, sólo se contó con un solo oficial notificador, dejando al descubierto que los juicios hechos, se deben a que la Policía hizo las notificaciones correspondientes, sino, tampoco se hubiesen podido realizar.
Este panorama, de continuar en el 2018, no brinda un buen vaticinio para este nuevo año, sobre todo, teniendo en cuenta que ya se encuentran causas tan importantes como el crimen de Romina Barría, Marcela Chocobar o la causa de abigeato que tiene como imputado a Núñez