Buenos Aires
Un informe detectó pagos irregulares por más de $ 26 millones desde el Ministerio de Defensa. El caso llegó a la Justicia Federal.
La Oficina Anticorrupción (OA) apuntó ante la Justicia federal contra el ministerio de Defensa del kirchnerismo y a pagos irregulares superiores a los $ 26 millones a favor de Tecnópolis.
Las nuevas denuncias contra la gestión kirchnerista llegan en medio de las críticas que pusieron en el ojo de la tormenta a Laura Alonso, responsable de la OA, por presuntamente “sólo investigar a la gestión anterior”.
Pero las acusaciones surgen luego de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectara al menos tres hechos que fueron denunciados por la OA:
1) “Incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos”.
2) “Pagos y contrataciones irregulares” durante 2011 a 2015 por $ 26.758.137.
3) “Contratación de bienes y servicios del Ministerio de Defensa” para participar en diferentes ediciones de las exposiciones de Tecnópolis.

Santacruceño
Los hechos denunciados ocurrieron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2015, cuando los ministros de Defensa eran Arturo Puricelli y Agustín Rossi, actual jefe de bloque de Diputados del FPV.
A raíz del informe de 26 páginas de la SIGEN, al que accedió Clarín, la OA realizó una nueva denuncia en la que señaló irregularidades en relación a las compras y/o contrataciones. “La documentación no se encuentra unificada, está sin foliatura y ni si quiera en un mismo expediente”, señaló. Y añadió que todo lo analizado “se encuentra desagregado conforme a los pagos realizados a cada proveedor”.
Respecto a los más de $ 26 millones sobre los pagos que la SIGEN calificó de irregulares, se indicó que hubo autorizaciones generadas para pagar $ 5.069.255 a favor de la empresa Lof Ten SRL en concepto de “primera etapa de realización integral y desarrollo de stand” para participar de Tecnópolis en varias exposiciones.
La denuncia resalta que al momento de los contratos por bienes y servicios, no se realizó un detalle sobre las necesidades que demandaba dichas erogaciones, “no cotizaciones a por lo menos tres proveedores”.
Tampoco se encontraron actos administrativos de adjudicación al proveedor y no “consta documentación de recepción de bienes y servicios”.
Como una práctica detectada en diversas actuaciones administrativas, se indicó que hubo “desdoblamientos de pagos a través del fondo rotatorio”, buscando acelerar la cancelación de deudas, pero dañando “el sistema de transparencia de la gestión financiera” evitando la realizaciones de gestiones.
En ese punto, se remarcó que hubo varias facturas del mismo proveedor por importes cercanos al límite de los montos autorizados por ley para el uso de fondos rotatorios.
Además, como parte de la misma denuncia judicial, se explicó que la Fundación para la Innovación y Transparencia de Tecnología medió de gestor en la construcción del stand y la contratación de obras para el mismo fin, valiéndose así de una comisión del 3,5% de los montos involucrados pero “sin responsabilidad en cuanto al seguimiento y control de las obras”.
A esto se agregó un pago en concepto de “desmontaje” del stand que no estaba contemplado en las contrataciones realizadas, según denunció el organismo que conduce Laura Alonso. La factura 0001-00000825 emitida a nombre de Dodecaedro SA para dicha tarea “no correspondía, sólo debía limpiarse el predio”.
Se entiende -según lo que sostiene el texto judicial- que “retiraron todos los materiales y equipamiento instalados para el stand, los cuales debieron haber quedado como propiedad del Ministerio de Defensa”. Según la declaración del entonces Director Nacional de Administración, “no se halló nada en el predio”.
Esto demandó que para la participación de la edición 2013 de Tecnópolis, el Ministerio de Defensa “reinició desde cero la construcción de un nuevo stand, que además debió montarse sobre un nuevo espacio”. No existen constancias de denuncias de falta de materiales correspondientes a las adquisiciones de 2011.
Así, se planteó que la tercerización utilizada por intermedio de la Fundación “era innecesaria ya que la normativa de contrataciones presenta la posibilidad de situaciones de emergencia, como tal podría ser el caso”.