El magistrado, ex representante legal de Cristina, activa el circulo de impunidad para proteger a los Kirchner y sus secuaces de corrupción intentando detener o demorar la necesaria reforma del sistema judicial de Santa Cruz.
El pasado viernes 19 de septiembre el juez Marcelo Bersanelli dictó una medida interina que ordena a la Cámara de Diputados de la provincia abstenerse de avanzar con las designaciones de nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Si bien es cierto que la medida fue argumentada como una respuesta a la cautelar presentada por el gremio judicial, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 3949 aprobada el mes pasado; es sugestiva la celeridad con la que Bersanelli actuó en un caso tal complejo que además fue ampliamente debatido y que tiene un respaldo institucional con el impulsó de dos poderes del Estado como es el Ejecutivo y el Legislativo. 
Pero además la postura de frenar la ampliación del TSJ, que daría una mayor maniobrabilidad y transparencia a las decisiones del máximo organismo judicial provincial, se da en coincidencia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que habilitó a avanzar sobre la recuperación de millones de pesos robados en maniobras de corrupción avanzando sobre el decomiso de bienes a los Kirchner, Báez y otros integrantes de la banda.
Esto ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando la Corte dictó sentencia en un incidente de competencia en la causa “Austral Construcciones”. 
En síntesis, resolvió que ante un conflicto de competencia entre un Tribunal Oral Federal (que tenía bienes decomisados) y el Juzgado Comercial (donde tramitaba la quiebra), resultaba competente este último.
Hay que recordar que el pasado mes de abril se reactivó el juicio oral por la causa “Hotesur – Los Sauces”. 
De resolverse allí el decomiso de bienes y ante la posibilidad que pertenezcan al acervo sucesorio del ex presidente Néstor Kirchner, será el Juzgado Provincial el que deba tramitarlo. Y ese Juzgado Provincial tiene una ultima instancia que es el TSJ; precisamente el organismo que si permanece como está y no es alcanzado por la reforma claramente actuará favoreciendo a la familia que por mas de 30 años concentró todo el poder en la provincia y por casi dos décadas a nivel nacional.
Hay que mencionar que Bersaneli es exconcuñado de Máximo Kirchner y exfuncionario municipal y provincial; pero además fue el “candidato” de Cristina para ser miembro de la estratégica Cámara Federal de Piedra Buena. 
Aunque sistemáticamente niega haber sido representante legal, o abogado del “clan Kirchner”, un hecho lo deja expuesto: la mañana del 25 de noviembre de 2016 estuvo junto a Cristina Kirchner en el Juzgado Federal de Río Gallegos para cumplir con un oficio del juez federal Claudio Bonadio, quien le pedía que deje sus huellas digitales en el marco de la causa dólar futuro.
Cristina Kirchner se encontraba ese día en Buenos Aires, por lo que en el lugar se hizo presente el entonces abogado Marcelo Bersanelli, quien primero pidió leer la orden judicial antes de abrir el portón lateral para permitir el ingreso a la casona.
Un año más tarde, Bersanelli asumió como titular del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos.
Ahora, con las acciones que impulsa, parece que Bersanelli sigue siendo el defensor particular de la familia y tiene miedo que Jueces independientes lean el expediente sucesorio y la evolución patrimonial del causante y sus herederos. Tal vez el Gremio y los Legisladores opositores también deberían tener en cuenta ese aspecto.
Hay que recordar que la reforma aprobada en agosto, amplía de cinco a nueve vocalías la integración del Tribunal Superior de Justicia, y permitiría “romper” el circulo de protección que por décadas permitió que numerosos casos de corrupción que asolaron la provincia y que tenían como protagonistas a funcionarios y actores del poder político sean “cajoneados” o queden impunes hasta la actualidad.