Por Noelia Ursino
(gentileza Winfo)

En mi carácter de ex magistrada, deseo manifestar públicamente situaciones que afectaron mi función judicial. Durante mi desempeño, observé prácticas provenientes de mis superiores que interpreté como actos de hostigamiento institucional, consistentes en la falta de asignación de personal adecuado y en la realización de inspecciones reiteradas y poco habituales en comparación con otros juzgados similares.
Durante mi gestión no conté con los recursos humanos mínimos necesarios para el funcionamiento del juzgado, situación que dificultó seriamente mi tarea. Resulta llamativo que, tras mi renuncia, esa carencia se resolviera de inmediato y se solventara la dotación de personal, lo que confirma que se trataba de una problemática evitable.
En el marco de las inspecciones, advertí irregularidades en actas que fueron labradas respecto del juzgado a mi cargo, las cuales no reflejaban fielmente las circunstancias observadas. Denuncié ante mis superiores el acta de inspección de septiembre de 2024 por contener datos falsos; sin embargo, lejos de intervenir para corregir la situación, se redobló la presión y se dispuso una nueva inspección en febrero de este año, realizada incluso en mi ausencia, lo que vulneró gravemente las garantías mínimas de control y transparencia.
Asimismo, puse en conocimiento de mis superiores la existencia de una causa sensible vinculada a presuntos hechos de corrupción. Debo señalar que dicha causa salió de la esfera de custodia del juzgado mientras yo estaba a cargo, situación que comprometió la correcta tramitación y resguardo de las actuaciones.
En relación con esa causa, así como con otras investigaciones que involucraban a actores políticos, recibí comunicaciones desde instancias superiores que interpreté como intentos de orientar la dirección de los procesos. Incluso, en distintas oportunidades, fui contactada por un alto funcionario judicial con el objeto de que me abstuviera de dictar resoluciones, lo que constituyó una clara afectación a mi independencia como jueza.
Posteriormente, se inició contra mí un proceso de juicio de destitución. No tuve oportunidad de ejercer una defensa efectiva ante el Tribunal Superior, ya que mi descargo no fue ponderado ni se valoraron las denuncias formuladas, pasándose directamente a la apertura del juicio político. Quedó así en evidencia que no iba a otorgárseme siquiera la posibilidad de una investigación sumaria previa.
Se suma a esta persecución institucional el escaso tiempo que se me otorgó para contestar la acusación: apenas cuatro días hábiles, plazo manifiestamente insuficiente para elaborar una defensa seria y adecuada. Cabe resaltar que dicha acusación partió exclusivamente del propio Tribunal Superior, ya que en ningún momento existió denuncia de particulares ni de justiciables respecto de un presunto mal desempeño.
También se suma a este tren de conductas persecutorias el hecho de haberme apartado de mis funciones constitucionales mediante la imposición de una ‘licencia extraordinaria’, figura que ni siquiera está prevista en el reglamento de licencias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Santa Cruz. Esa medida careció de sustento normativo y tuvo como único efecto neutralizar mi ejercicio pleno del cargo.
Otro hecho que buscó afectar mi reputación fue la imposición de una multa sobre mi sueldo sin haberse sustanciado previamente el sumario administrativo que exige la normativa vigente. La medida se fundó únicamente en la interpretación del representante gremial, pese a que las empleadas del juzgado nunca efectuaron en tiempo y forma denuncias por violencia laboral, tal como se alegó.
Cabe señalar que, al intentar comunicarme personalmente con dicho representante gremial para esclarecer los hechos, nunca obtuve respuesta, lo que me lleva a pensar que este entramado también contó con la colaboración de ese sector para facilitar el avance del Tribunal Superior hacia mi desplazamiento y eventual destitución.
Durante ese proceso, denuncié irregularidades en la actuación del juez revisor y del fiscal interviniente, cuya acusación se presentó de manera inconsistente y sesgada. A contrario sensu, en mi descargo expuse el mal desempeño del juez de recursos, señalando graves falencias como tener por acreditado que no escuchaba las Cámaras Gesell de víctimas menores de edad en causas de abuso sexual y, aun así, pretendía corregir calificaciones e indagatorias, o bien intervenir en causas en las que ya se había declarado inhibido, lo cual está expresamente prohibido por la ley.
Sin embargo, todas estas denuncias fueron desoídas y no generaron
consecuencia alguna para los magistrados involucrados, mientras que sí avanzó con firmeza el proceso de juicio político en mi contra.
Frente a esa falta de garantías para ejercer una defensa plena e imparcial, me vi obligada a presentar mi renuncia al cargo.
Aun así, pese a que mi dimisión tornaba abstracta la continuidad del proceso de destitución, se han sostenido actuaciones que incluso derivaron en la comunicación al Ministerio Público Fiscal sobre un supuesto prevaricato.
Tales denuncias se apoyan en dos situaciones: primero, haber resuelto no aplicar la prisión preventiva en un caso donde la persona imputada se encontraba a derecho, sin riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso, decisión que en nada se vincula con una incorrecta aplicación de la normativa vigente; y segundo, haber dictado procesamiento respecto de un imputado menor de edad, cuando del simple examen del sumario se desprendía con claridad que se trataba de un sujeto punible en los términos del artículo 1 de la Ley 22.278, al contar con más de 16 años de edad.
Resulta sumamente preocupante que se haga lugar a una acusación tan incorrecta desde el punto de vista jurídico, lo cual debilita la seriedad y legitimidad de los mecanismos de control institucional. Lo verdaderamente preocupante es que las investigaciones y controles no se aplican de manera general, sino de forma selectiva a determinados jueces, mientras otros casos no reciben el mismo tratamiento.
Esa discrecionalidad erosiona la igualdad ante la ley y debilita la confianza ciudadana en la justicia.
Debo aclarar que desconozco el verdadero motivo por el cual se me persiguió de esta manera. Solo puedo interpretar que se buscaba contar con jueces afectos y disciplinados, ya que de lo contrario no se explica el avasallamiento constante en mi contra y la vista gorda respecto de otros magistrados, aun frente a situaciones graves que denuncié oportunamente.
Debo resaltar también que ejercí mi cargo con responsabilidad, aun cuando ahora se pretenda utilizar mi situación para atacar al gobernador que aceptó mi renuncia. Es preciso aclarar que ello constituyó el mecanismo legal correspondiente, ya que, tratándose de un cargo constitucional, era el único camino formalmente previsto.
Asimismo, desde mi experiencia personal, considero que el Tribunal Superior de Justicia debería conformarse de manera más plural y ajustada a los requisitos que la Constitución provincial establece para sus miembros, privilegiando trayectorias académicas y profesionales sólidas.
No puede perderse de vista que quienes lo integran gozan de la garantía de inamovilidad, y por ello deben responder a la población con actos institucionales serios, que aseguren seguridad jurídica para todos, como corresponde en una sociedad que necesita una justicia a la altura de su importancia.
Expreso todo ello con el único fin de dejar constancia de lo sucedido, en resguardo de la transparencia institucional y del derecho de la ciudadanía a conocer la situación, reafirmando mi compromiso con la independencia judicial, el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley. Es una pena que la justicia busque mecanismos de ropaje legal para enmascarar situaciones irregulares, cuando debería ser el espacio que garantice imparcialidad, transparencia y respeto a los derechos de todos.
*Ex Jueza de Instrucción y en lo Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz.-