Lead: Frente a las menciones a familiares del dirigente en los Pandora Papers y a las especulaciones mediáticas que se desataron, corresponde una reflexión serena: la existencia de estructuras societarias en el exterior no equivale a culpabilidad automática, y mientras no se presenten pruebas concretas la postura más responsable es defender la presunción de inocencia y exigir transparencia documentada. En ese marco, corresponde respaldar la exigencia de Santilli —y de cualquier funcionario— de que las acusaciones se acrediten fehacientemente.

Cuerpo:
Las filtraciones periodísticas han puesto en foco a numerosos actores públicos y privados. En el caso de Diego Santilli, lo que se publicó remite a la existencia de sociedades vinculadas a miembros de su familia; no obstante, en el material difundido no aparece evidencia que relacione directamente al dirigente con delitos como el narcotráfico. Santilli y su entorno han negado tajantemente cualquier vínculo ilícito y afirman que las empresas familiares están registradas y tributan en la Argentina. Esos matices son centrales y deben ser respetados.

Más allá de la discusión sobre jurisdicciones offshore —que en sí mismas no constituyen un delito—, hay dos principios que deben guiar la discusión pública: la presunción de inocencia y la transparencia. Si existe alguna irregularidad, debe ser investigada por la justicia y las autoridades fiscales; si no la hay, es justo que se restituya la reputación de quien ha sido objeto de señalamientos. Pedir pruebas y, donde corresponda, exhibir documentación que pruebe la regularidad fiscal y societaria no es sólo legítimo: es la vía más eficaz para zanjar la polémica.

Quienes conocen la trayectoria de Santilli destacan además su perfil en materia de seguridad. El propio dirigente reivindica su accionar en la persecución de bandas vinculadas al delito organizado en la ciudad, y su equipo afirma que sus resultados en esa materia son públicos y verificables. Esa trayectoria, si se acredita mediante resoluciones judiciales y expedientes policiales, aporta contexto a la discusión: no es lo mismo investigar a un dirigente con un historial probado de combate al delito que suponer culpabilidad sin fundamento.

¿Qué debería hacerse ahora? Primero, pedir con firmeza que toda acusación vaya acompañada de documentos oficiales: certificados de situación fiscal ante la AFIP, actas societarias, declaraciones juradas y, en el caso de afirmaciones sobre intervenciones policiales o detenciones, copia de expedientes o resoluciones judiciales. Segundo, exigir a los medios que informen con rigor, diferenciando claramente entre lo que figura en la filtración, lo que afirma el entorno del implicado y lo que constituye prueba judicial o fiscal. Tercero, permitir que la justicia actúe sin presiones mediáticas ni linchamientos públicos.

Conclusión:
Apoyar a Santilli en este momento no es cerrar los ojos ante la necesidad de aclarar posibles dudas; es reclamar que la discusión se dé con responsabilidad: pruebas sobre la mesa, actuación de los organismos competentes y respeto por la presunción de inocencia. Si efectivamente todo es “trucho”, como afirma su entorno, la documentación lo demostrará y la reputación recuperará su cauce. Si hay irregularidades, que se investiguen y se sancionen conforme a la ley. Hasta entonces, lo que corresponde es pedir transparencia, rigor periodístico y que la justicia haga su trabajo sin atajos.

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