1.  Resumen ejecutivo

El gobierno argentino lanzó la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, convocando la privatización de la administración y mantenimiento de 1.800 km de autopistas y rutas (1.325 km en los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur —incluye RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery, Ezeiza‑Cañuelas— y 547 km en el tramo Pampa, RN5 Luján–Santa Rosa). Es la segunda licitación después de la primera etapa en mayo (741 km) para la que varias empresas quedaron precalificadas. El Ejecutivo presenta la iniciativa como sustitución de un “modelo deficitario” por gestión privada sin subsidios del Tesoro. El proceso representa una oportunidad para inversión en infraestructura, pero entraña riesgos técnicos, financieros, regulatorios y políticos que condicionarán su éxito y su impacto fiscal y económico.
2. Objetivos declarados y alcances

•   Objetivo oficial: modernizar infraestructura vial, atraer inversión privada, reducir cargas fiscales y eliminar subsidios.
•   Alcance: concesiones para administración y mantenimiento (probablemente con esquemas de cobro —peajes directos o modelos de pago por disponibilidad—; el comunicado no detalla la modalidad de pago ni la duración contractual).
•   Estado del proceso: segunda convocatoria nacional e internacional; ya existe experiencia reciente (primera etapa, mayo 2025) y precalificación de empresas locales.

1.  Impacto fiscal y económico esperado

Positivos potenciales:

•   Reducción de gasto público recurrente en mantenimiento y menores subsidios explícitos o implícitos.
•   Inversión privada en obra y operación que genera demanda local (construcción, servicios) e indirectamente empleo.
•   Mejora en eficiencia logística y reducción de costos logísticos para sectores agrícolas e industriales.
•   Posible ingreso por canon concesional o pago inicial al Tesoro.

Riesgos y limitaciones:

•   Impacto fiscal neto incierto en el corto plazo: si se garantiza mínimo de ingresos o existen avales estatales, pueden generarse contingencias fiscales.
•   Si los contratos incluyen cláusulas de compensación por inflación o cambio, el Tesoro o provincias pueden asumir pasivos implícitos.
•   Si la financiación depende de crédito internacional o de bancos locales con tasas altas, el costo del proyecto puede aumentar y presionar tarifas o renegociaciones.

1.  Actores relevantes y competencia

•   Empresas locales ya precalificadas en la primera etapa: Autovía Construcciones y Servicios; Coyserv; Contreras Hermanos; Obring; Rovial; Edeca; Pitón y Pietroboni; José Chediack; Benito Roggio e Hijos; Eleprint; Supercemento; Panedile Argentina; JCR; Rovella Carranza; Losi. Posible interés de consorcios internacionales/financiadores.
•   Financiadores: bancos locales, bancos extranjeros, organismos multilaterales (BID, CAF) si se estructura adecuadamente.
•   Demandantes: usuarios urbanos (accesos a aeropuertos) y transporte de cargas que transitan RN5 y RN3.

1.  Riesgos principales

•   Riesgo de demanda y tarifa: baja aceptación de peajes o tráficos por debajo de proyecciones pueden afectar la rentabilidad y generar reclamos.
•   Riesgo de financiamiento: altas tasas locales, volatilidad cambiaria e inflación elevan el costo de capital y la necesidad de cláusulas en dólares o ajustes indexados.
•   Riesgo regulatorio y político: cambios políticos, disputas con provincias o litigios sobre convenios pueden retrasar o reabrir contratos.
•   Riesgo operativo: capacidades técnicas y experiencia de concesionarias; necesidad de supervisión y KPIs de mantenimiento y seguridad.
•   Riesgo de renegociación: historial regional de revisiones contractuales en concesiones viales puede desalentar inversionistas si no se garantiza marco estable.
•   Riesgo social: oposición por aumento de tarifas; impacto en movilidad de usuarios de bajos ingresos.

1.  Escenarios (probables)

•   Optimista: alta participación competitiva, contratos bancables sin garantías fiscales amplias, inversión oportuna, mejoras operativas y tarifas aceptadas → reducción de carga fiscal en mediano plazo y mejor infraestructura.
•   Base: participación mixto público‑privado, algunas cláusulas de aval limitado del Estado, ajustes tarifarios moderados y renegociaciones parciales → beneficios compartidos pero con riesgos fiscales contingentes.
•   Pesimista: posturas contrarias provinciales, financiamiento caro, proyecciones de tráfico incumplidas, renegociaciones, litigios → costo fiscal mayor y retrasos en obras.

1.  Recomendaciones para el Gobierno

•   Transparencia y contratos estandarizados: publicar bases claras (duración, método de retribución, cláusulas de ajuste, responsabilidades) y fortalecer la gobernanza de las concesiones.
•   Asignación de riesgos: transferir riesgos de demanda y operación al concesionario cuando sea posible; limitar garantías fiscales y, si se ofrecen, que sean explícitas, cuantificadas y temporales.
•   Modalidad de pago: preferir esquemas mixtos (peaje + pago por disponibilidad o canon) que reduzcan exposición fiscal y demand risk.
•   Cláusulas de indexación y moneda: diseñarlas para proteger inversionistas sin generar pasivos insostenibles (p. ej. cláusulas en dólares con mecanismos de ajuste vinculados a productividad).
•   Coordinación federal: acordar compensaciones transitorias para provincias afectadas por pérdida de Ingresos Brutos y revisar convenios interjurisdiccionales.
•   Supervisión y KPIs: incorporar penalidades y bonificaciones por desempeño en mantenimiento, seguridad vial y tiempos de reparación.
•   Apertura a financiamiento multilateral: buscar cofinanciación para reducir costo de capital y mejorar bankability.

1.  Recomendaciones para inversores y empresas

•   Analizar meticulosamente la modalidad de pago y la asignación de riesgos (demand, cambio, inflación).
•   Preferir consorcios con experiencia en O&M y acceso a financiación en moneda dura.
•   Evaluar necesidad de cobertura cambiaria y estrategias de hedge ante inflación/FX.
•   Preparar propuestas que incorporen tecnología (peajes electrónicos, telemática) para mejorar eficiencia y reducir costos operativos.
•   Considerar el riesgo reputacional y social: planes de comunicación y mitigación para aceptación de tarifas.

1.  Indicadores a monitorizar

•   Bases de la licitación: modelo de retribución, duración, requerimientos técnicos.
•   Niveles de pre‑calificación y ofertas presentadas.
•   Proyecciones y datos de tráfico actuales (TVA), evolución del volumen de camiones.
•   Tasa de interés y condiciones de crédito local e internacional.
•   Posibles medidas de compensación provinciales y cláusulas de garantía pública.
•   Reacción del mercado (cotizaciones de empresas constructoras, spreads soberanos).

1.  Conclusión

La segunda licitación vial es una apuesta estratégica para modernizar infraestructura y atraer inversión privada. Su éxito depende de un diseño contractual riguroso, una asignación realista de riesgos, mecanismos de financiación competitivos y coordinación federal. Bien estructurada, puede reducir costos logísticos y aliviar presiones fiscales recurrentes; mal diseñada, puede trasladar riesgos al Tesoro, generar litigios y erosionar confianza de inversionistas. Las próximas semanas con las bases y la composición de ofertas serán determinantes para evaluar la viabilidad y el balance entre deuda implícita y beneficios esperados.