El bienestar no como fenómeno natural: la justicia social como construcción política
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Karin Hiebaum de Bauer
El presente ensayo sostiene que el bienestar social no constituye un fenómeno natural ni automático, sino el resultado de decisiones políticas, relaciones de poder y mecanismos institucionales orientados —o no— a la justicia social. En este sentido, se cuestiona la interpretación simplificada de la conocida afirmación de Adam Smith según la cual la paz, los impuestos bajos y una justicia funcional serían condiciones suficientes para garantizar el bienestar de un Estado. Si bien dichos elementos son relevantes, una lectura contemporánea demuestra que resultan insuficientes para explicar procesos de desarrollo inclusivo y sostenible.
Desde una perspectiva socialdemócrata, se argumenta que el bienestar duradero requiere no solo estabilidad y legalidad, sino también intervención estatal activa, redistribución y solidaridad social.
Estado de derecho, neutralidad y desigualdad
La paz y el Estado de derecho constituyen condiciones básicas para cualquier forma de desarrollo económico y social. Sin embargo, el Estado de derecho no es un marco neutral. Tal como lo demuestra la teoría política contemporánea, las instituciones jurídicas pueden reproducir desigualdades existentes o bien actuar como instrumentos para su corrección.
Un sistema judicial que protege exclusivamente la propiedad y los intereses del capital, sin garantizar derechos sociales y laborales, contribuye a la consolidación de asimetrías estructurales. Por lo tanto, la justicia no debe entenderse únicamente como garantía formal, sino como mecanismo sustantivo de equidad social.
Mercado, Estado y límites del laissez-faire
La experiencia histórica de la industrialización evidencia que los mercados no regulados generan crecimiento económico, pero no bienestar generalizado. Fenómenos como el trabajo infantil, los salarios de subsistencia, la precarización laboral y la exclusión social fueron rasgos estructurales de economías donde el Estado se mantuvo al margen.
Desde esta perspectiva, la idea de que el mercado, por sí solo, conduce al bienestar colectivo constituye una falacia economicista. El desarrollo social requiere regulación, planificación y políticas públicas orientadas a garantizar derechos básicos como educación, salud, vivienda y seguridad social.
Política fiscal y redistribución
La cuestión tributaria ocupa un lugar central en el debate sobre justicia social. Una política fiscal progresiva no debe interpretarse como un obstáculo para el crecimiento, sino como una condición necesaria para la sostenibilidad del bienestar. A través de la recaudación impositiva, el Estado financia bienes públicos esenciales que constituyen la base material del desarrollo económico.
Infraestructuras educativas, sistemas de salud, transporte, innovación y protección social no solo mejoran la calidad de vida, sino que fortalecen la productividad y la cohesión social. En este sentido, la redistribución cumple una función tanto social como económica.
Poder, desigualdad y crítica al naturalismo social
La apelación al “curso natural de las cosas” oculta que los procesos económicos están atravesados por relaciones de poder. La concentración de capital tiende a reproducirse si no existen mecanismos de corrección institucional. La socialdemocracia rechaza esta dinámica como inevitable y la concibe como un problema político susceptible de intervención democrática.
Los mercados deben ser comprendidos como instrumentos al servicio de la sociedad y no como fines en sí mismos. Su regulación responde, por lo tanto, a criterios de legitimidad democrática y bienestar colectivo.
El Estado social como correctivo democrático
Un Estado socialdemócrata moderno no se opone a la actividad económica, sino que actúa como correctivo democrático del mercado. Mediante regulaciones laborales, políticas de empleo, sistemas de protección social y mecanismos de participación, contribuye a distribuir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento.
Asimismo, permite que los aumentos de productividad no se concentren exclusivamente en el capital, sino que se traduzcan en mejoras salariales, estabilidad laboral y movilidad social.
Conclusión
En contextos de creciente desigualdad, crisis económicas recurrentes y tensiones democráticas, resulta imprescindible recuperar una concepción del bienestar como proyecto colectivo. El repliegue del Estado, promovido bajo paradigmas neoliberales, ha demostrado generar fragmentación social y desafección política.
El bienestar no es un hecho natural ni un resultado espontáneo del mercado. Es el producto de decisiones políticas que reflejan valores, prioridades y correlaciones de fuerza. En consecuencia, la justicia social debe ser entendida como una conquista democrática permanente, orientada al bien común y sustentada en la solidaridad.
