Auditoría y defensa del mérito profesional

La transparencia en el acceso a los cargos públicos se ha convertido en el eje de una profunda revisión, dentro del sistema educativo de Santa Cruz. La Junta de Clasificación de Educación Técnico Profesional encendió las alarmas, tras el cierre de la inscripción anual, al identificar una proliferación de certificaciones académicas que no coinciden con la capacidad humana de cursado efectivo.

La vocal por el Ejecutivo en la mencionada Junta, Karina Silvi, explicó que el proceso de valoración de antecedentes, que habitualmente demanda cuatro meses de análisis documental, reveló un fenómeno preocupante en el ítem de «otros títulos». Se detectaron casos donde docentes en ejercicio presentaron hasta cinco diplomaturas simultáneas, un volumen de formación que, en términos reales, exigiría una dedicación diaria imposible de cumplir para quien cumple funciones frente al aula.

«Una diplomatura para otorgar el puntaje reglamentario de 1.5 debe cumplir con 600 horas reloj. Destinando tres horas diarias, incluso fines de semana y feriados, un profesional requiere algo más de seis meses para completar una sola», señaló Silvi, contrastando esta realidad con ofertas de entidades privadas, que prometen certificar dicho conocimiento en apenas treinta días.

Medidas para garantizar la transparencia pedagógica

La funcionaria detalló que la investigación no busca desalentar la formación continua, sino proteger a quienes transitan el sistema de manera legítima. Según Silvi, se han registrado situaciones donde un docente logró superar a otro por 17 puntos en un solo periodo, una diferencia abismal si se considera que históricamente las posiciones en el listado se dirimían por centésimos. Esta distorsión generó una «lluvia de reclamos» por parte de los trabajadores, que ven amenazada su estabilidad y crecimiento profesional ante lo que consideran una competencia desleal.

Como medida inmediata, el Consejo Provincial de Educación (CPE) conformará una comisión ad hoc para analizar legajo por legajo. Mientras las licenciaturas, maestrías y doctorados mantienen su curso de validación normal por su trazabilidad institucional, las diplomaturas bajo sospecha serán sometidas a un peritaje exhaustivo. El objetivo es determinar si estas capacitaciones, ofrecidas por diversas entidades universitarias y privadas bajo modalidades de «combos», poseen el respaldo pedagógico y el cumplimiento temporal necesario.

Para resguardar el derecho de los trabajadores, la Junta determinó que se mantendrá la valoración obtenida al año 2025 hasta que concluya el peritaje. Esta decisión técnica intenta evitar que la inmediatez del mercado de títulos altere el orden de mérito basado en la trayectoria real. Silvi concluyó que, en una sociedad atravesada por la tecnología, es vital que el docente se actualice, pero subrayó que ese conocimiento debe ser real y materializable, garantizando que quien está al frente del aula posea herramientas pedagógicas genuinas, y no sólo un certificado obtenido de manera irregular.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / LU14 Radio Provincia de Santa Cruz.