Caleta Olivia y Río Gallegos
Hace poco mas de una semana hubo tres allanamientos en Río Gallegos ordenados por la Justicia Federal. Los procedimientos se realizaron en la casa de Gobierno de Santa Cruz, en el ministerio de Economía y en el Tribunal de Cuentas en la capital santacruceña.
El objetivo: avanzar en la investigación de los más grandes hechos de corrupción a nivel institucional en las últimas tres décadas de democracia.
Estos delitos que sorprenden por su magnitud, su manejó impune y por su “botín” multimillonario están próximos a ser juzgados en fueros Federales; pero tuvieron como escenario nuestra provincia.
Ocurrieron sistemáticamente por años y fueron creciendo en volumen, y cada vez fueron más evidentes por la “protección” con la que se manejaron sus protagonistas, ahora imputados.
Sin embargo la Justicia de Santa Cruz permaneció ajena – o enajenada – mientras era evidente como algunos pocos empresarios pasaban de ser empleados a millonarios y funcionarios de todas las líneas del poder, ostentaban sus crecientes fortunas.
Pese a las denuncias en medios periodísticos, o incluso con denuncias concretas en diversos juzgados de la provincia, la mayoría de los jueces y fiscales del poder Judicial de Santa Cruz no se dieron por enterados o se hicieron los distraídos.
La “justicia boba” de nuestra provincia, se convirtió entonces en un cómplice necesario del robo.
Casi 30 años de poder kirchnerista la trasformaron en un organismo amorfo, extraño a sus competencias y a su rol en el Sistema Republicano e incluso como una herramienta o brazo ejecutor en la tarea de disciplinar, que ordenó la familia Kirchner desde el Poder Ejecutivo.
“No fue magia”
Los informes del fiscal federal Gernán Moldes dejan en claro que el robo en Santa Cruz fue alevoso y perpetrado con total impunidad por una “banda” (así la describe) compuestas por personajes que todos conocemos, comenzando por la ex familia presidencial, sus amigos, sus socios y sus empleados.
Todos ellos enquistados por décadas en todas las estructuras del Estado, incluyendo a la Justicia, que de manera vergonzosa no actúo, o mas aún, que impidió en avance de las causas que nos podrían haber ahorrado años de retraso en educación, salud, servicios básicos ( agua, cloacas o energía ) despojando de toda esperanza futuras generaciones de Santacruceños.
“Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo”, había afirmado Moldes, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Fue al detallar los contratos que recibió Báez por la suman 46.230 millones de pesos.
Estamos hablando de cuantiosas y descomunales sumas de dinero público que nada por aquí, nada por allá, por arte del tejemaneje y escamoteo, entre coimas y tajadas, se evaporaron de las arcas del Estado para ir a llenar los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos”, lanzó el fiscal en un escrito. Pero una frase de Moldes fue lapidaria: “no fue magia, fue corrupción”.
Que pensarán de esto, aquellos jueces y fiscales de la provincia que pudieron o debieron haber actuado cuando llegaron a sus manos casi una década atrás las primeras denuncias.
Aquellos funcionarios del poder judicial que podrían haber “salvado a la provincia”, en cambio condenaron a sus habitantes a este castigo de vivir en medio de condiciones lamentables.
Las cloacas, acueductos, pavimentos, veredas, escuelas, hospitales y otras tantas obras básicas para la calidad de vida; los millones que se robaron de esa infraestructura, esta en las cuantiosas y fabulosas propiedades de esos funcionarios, empresarios amigos, y seguramente algunos jueces de la provincia. La connivencia existió, sino no se explica el lamentable presente de nuestra provincia.
Cajoneadas
En el amplio espectro de las denuncias cajoneadas, eliminadas, “pisadas” o incluso “desaparecidas”, hay de todo.
Causas por el uso indebido del avión sanitario por parte de la familia Kirchner para viajes personales – con la muerte de una pequeña residente en Pico Truncado que no pudo ser asistidas a tiempo por la falta de la aeronave – hasta la estrepitosa renuncia de un gobernador ( Servio Acevedo) que se fue del poder dando un portazo y avisando que había maniobras turbias; que pese a la magnitud del hecho nadie quiso indagar.
A lo largo de estos años, fueron diputados y concejales (como legisladores que deben controlar al Poder Ejecutivo) que impulsaron denuncias; pero incluso hubo intendentes que denunciaron graves hechos de corrupción.
Tal vez sea el municipio de Caleta Olivia el caso más emblemático, en donde por décadas tres intendentes se denunciaron y contra denunciaron en la Justicia, para luego olvidar convenientemente sus presentaciones y acusaciones.
Hay que recordar que al asumir Fernando Cotillo, denuncio al saliente José Córdoba
(ambos del Frente para la Victoria).
Tras dos periodos de Cotillo “volvió José”, quien a su vez denunció a la gestión de su antecesor. Mientras esto ocurría el entonces Concejal de la UCR, Facundo Prades, denunciaba ante la justicia a ambos, y luego al llegar a la intendencia, también anunció acciones legales por causas referidas a la gestión.
Años y años de denuncias que no pasaron de un papel en mesa de entrada en un Juzgado. Seguramente será porque la mayoría de los magistrados ya conoce como se da el juego político en la provincia, y tienen más que claro que se trata solo de “pirotecnia” que no tiene el fin último de llegar a la verdad; cosa que pareciera que en su condición de jueces, ellos tampoco tienen.
Sin democracia
Los hechos de corrupción que la Justicia de Santa Cruz nunca investigó no solo se refieran a los fondos públicos, sino también a gestiones incompatibles, nombramientos fuera de la ley, incumplimientos constitucionales, entre otros delitos que están bien definidos y encuadrados en las leyes vigentes.
Pero en ningún ( “ningún”) caso se llegó a alguna respuesta jurídica.
En cada localidad hubo denuncias y documentación aportada. Desde la fundadora del ARI -CC, en Santa Cruz, Mariana Zuvic, pasando por concejales de pequeñas localidades.
El último caso fue en noviembre del año pasado cuando el del edil del Partido Obrero de Gobernador Gregores, Pablo Lombroni invocando el Artículo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades, reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que se atienda a la denuncia por la vacancia de la intendencia de esa localidad.
“Es primordial para la comunidad de Gobernador Gregores mantenerse alertas por lo que pueda resolver la Justicia con respecto a este caso. Y aun más importante el hecho de que nos encontramos ante un posible caso de engaño hacia la comunidad, manipulación de la Democracia bajo conveniencia de los intereses de un sector político, en este caso el Frente para Victoria”, dijo el Concejal, luego de hacer la presentación ante el máximo organismo judicial de Santa Cruz.
Pero otra vez, no hubo respuestas.
La muralla del TSJ
El caso del TSJ de la provincia, es tal vez el emblema de esta “justicia boba” que no atinó jamás a defender los derechos de los ciudadanos de Santa Cruz, y pasó a ser un atento escucha de los intereses del Ejecutivo.
Ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca desarrollar una suerte de “hoja de ruta”, para mejorar la calidad institucional y el servicio de justicia a los ciudadanos del todo el país (ver pág. 23) habrá que ver que piensan nuestros “máximos magistrados” que por años rechazaron toda posibilidad de avanzar en temas centrales de nuestra Democracia doméstica, la del “pago chico”; la Democracia que fue una y otra vez violentada por un “poder” (el kirchnerismo) que pasó por arriba de la Constitución, la modificó a su gusto y placer, e incluso la pervirtió (en el sentido de interpretarla de manera indebida) para rechazar hasta una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ese organismo le ordenó que cumpliera el fallo de restitución del Procurador Eduardo Sosa como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
El denominado “Caso Sosa” (ver aparte.) es sin duda un hito en el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, para su posterior, “copamiento”, y anulación al punto de genera inmovilidad y hasta temor en cada estamento de la justicia provincial.
De lado de la ley
Por supuesto que hay honrosas excepciones en Jueces y Fiscales de la provincia, que han intentado que alguna que otra causa avance o que al menos pase a superar su instancia para impulsar una que otra denuncia en materia institucional o de orden público.
Solo para mencionar el caso mas reciente, está la valiente determinación del juez de primera instancia Francisco Marinkovic, que en marzo del 2015, declaró inconstitucional la Ley de Lemas para elegir a gobernador y vice, dando así lugar a seis recursos de amparo que habían presentado ciudadanos particulares y partidos políticos.
Habían sido tres vecinos de Río Gallegos, además de la UCR Santa Cruz, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST y el Partido Obrero, PO quienes pedían en defensa de la democracia en Santa Cruz.
Ante esto, el argumento de Marinkovic fue claro y contundente y en su fallo dictó la inconstitucionalidad del artículo reformado en diciembre haciendo hincapié en el artículo 114 de la Constitución provincial que establece que el gobernador y vice serán elegidos de manera directa y a simple pluralidad de sufragios.
Fue un gran avance en materia de independencia institucional, pero el optimismo sobre la prevalecía de la constitucionalidad duró apenas unos meses. En septiembre de ese año y a semanas de las elecciones en donde se jugaba el futuro en el poder de la familia Kirchner (Alicia era candidata) el Tribunal Superior de Justicia avaló la vigencia de la ley de lemas en Santa Cruz para las elecciones del 25 de octubre.
Así, esta decisión llevó alivio al kirchnerismo, que había impulsado el año anterior a las elecciones la normativa para ampliar la aplicación de la misma a las categorías gobernador y vice.
Era el único artilugio o maniobra para que el FPV retuviera la gobernación. El resto de la historia la conocemos y la padecemos: los votos de Daniel Peralta se sumaron a los de Alicia y fin de asunto. De este modo, nuestra ardua democracia, cada intento para enaltecerla, respetarla e incluso disfrutarla siempre se han encontrado con frenos, y de última con la muralla mas inexpugnable de la justicia provincial: el TSJ.
