Caleta Olivia
El ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a través de su abogado, presentó ayer un escrito en el Juzgado Federal de Comodoro Py, ante el pedido de detención del fiscal Guillermo Marijuan quien pidiera su detención, junto a otros funcionarios kirchneristas, en la causa de los sobreprecios en la usina de Río Turbio.
Ayer, en diálogo con Diario Más Prensa, Peralta sostuvo que “me puse a disposición del Juez. Esto es algo muy burdo porque yo en ese momento no estaba, porque era gobernador de la provincia”.
Aclaró que cuando dejó la empresa de YCRT el precio de la licitación “era el precio base, que hizo la Universidad Nacional de La Plata. Todo lo que pasó después en los incrementos de esos valores, lo hicieron después de junio. Yo ya había dejado el cargo en Río Turbio”, sostuvo.
En el escrito presentado en la justicia sostiene que “atento a haber tomado conocimiento por medios periodísticos de un pedido de detención contra mi asistido Daniel Peralta por hechos vinculados a actos de corrupción en su rol de interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Provincia de Salta Cruz. vengo a efectuar la presente manifestación”.
“Dada la imputación consistente en la supuesta participación de maniobras de sobreprecios en una licitación por la construcción de una central termoeléctrica de 240 megas en Río Turbio, y en virtud de la gravedad que importa una medida restrictiva de la libertad que habría sido solicitada por el Fiscal, es que por expresa instrucción de mi defendido vengo a transmitir la voluntad del mismo de ponerse a disposición del Juzgado a efectos de informar y aclarar las dudas que sean necesarias a efectos de colaborar con la investigación”.
Sostiene que “además desea aclarar por medio del presente que el llamado a licitación por dicha obra es de fecha el 20 de junio de 2007 cuando ya mi asistido no ejercía el rol de interventor y por lo tanto mal podía incidir en las cuestiones que hacían al precio de la obra. Daniel Peralta asume en el cargo de Gobernador de la Provincia de Santa Cruz con fecha 11 de mayo de 2007”.
“El precio inicial para computar el inicio de la obra se fijó en una suma base de $1.506.931.200 pesos, el que no respondió a una decisión subjetiva e individual de los funcionarios sino que se arribó a la misma por las autoridades nacionales con un comité de expertos de la Universidad Nacional de La Plata”, expuso.
“Se adjudica la obra citada entre septiembre y octubre del 2007 y la misma comienza en diciembre de ese mismo año, coincidiendo con el día del aniversario de Río ‘Turbio el 14/12/2007 en estas fechas como afirmare mí defendido ya no era interventor. “ Para dejarlo en claro ninguna variación de precio o participación en la adjudicación, seguimiento de obra y cuestiones inherentes a la licitación fueron órbita de la competencia de Peralta, dado que en su rol de gobernador no tenía intervención alguna en una obra dirigida y financiada a nivel Nacional y no provincial”.
“El cargo de interventor era y hasta el dio de hoy sigue siendo un apéndice de la Secretaria de Minería y/o Energía de Nación, puesto que no tenía ni hoy tiene figura jurídica. Que manifiesto que mi asistido desconoce los motivos que puedan haber influenciado en los sucesivos incrementos de valores del precio base”.
Finalmente considera en el escrito que “efectúa la presente manifestación en virtud de la gravedad que implica una medida restrictiva de la libertad, que según los medios de comunicación, habría sido solicitada por el Ministerio Publico Fiscal por una maniobra completamente ajena al ejercicio del rol de Daniel Peralta”.

Cuadernos de la corrupción
Al consultarle sobre los “cuadernos de las coimas”, los escritos que dejó el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno sostuvo que “muy mal, mal y mal. Creo que las cosas deben aclararse. Esta causa como tantas otras deben tramitarse rápidamente para delimitar responsabilidades. Estamos viendo empresarios de la obra pública, en los últimos 30 años, que se arrepienten”, dijo. “La justicia debe determinar si ese dinero se le dio y que se llegue a la trazabilidad de ese dinero”, sostuvo y señaló que “puede suceder que algunos empresarios quieran incriminar a otros funcionarios. Todo es muy ingrato y esto no es una cuestión que a uno le agrade lo que está pasando. Inclusive todo el mundo político, el Presidente y su primo Calcaterra, y otros empresarios del actual Gobierno, los del club de la obra pública, deben aclarar cosas”.