Río Gallegos
En la sesión del jueves pasado de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto mediante el cual se solicita al Senado Nacional que trate la despenalización del uso y posesión de cannabis con fines medicinales y científicos.
Esta iniciativa fue impulsada por la diputada Miryam Alonso y aprobada en sesión ordinaria el pasado jueves 25 de octubre, destacándose que mediante la misma se solicita al Senado Nacional el tratamiento del Expediente N° 3754/17 del Proyecto de Ley que trata la modificación del Artículo 15 de la Ley Nacional 23737 “Código Penal Argentino”; la cual tiene como objeto despenalizar y autorizar el autocultivo, uso y posesión de la planta de cannabis, sus derivados y de los productos que los contengan con fines medicinales y científicos.
El proyecto fue presentado por las Senadoras Anabel Fernández Sagasti, María Pilatti Vergara y Ana Almirón y, según consideró Alonso, “será un paso más en este camino que la sociedad emprendió, teniendo en cuenta que nuestro país se viene avanzando sobre el uso del cannabis con fines medicinales y la ley 27350 sancionada por el Congreso de la Nación dio lugar a ello”.
De acuerdo a los fundamentos presentados por Miryam Alonso, la reglamentación actual de la Ley 27350 se centra en la investigación, siendo restrictiva porque no garantiza los derechos plenos a los pacientes que utilizan el cannabis con fines terapéuticos, acotando su utilización para pacientes que padecen epilepsia refractaria – cuyo tratamiento está autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- no alcanzando a los que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos, y dejando por fuera a las personas que hoy se abastecen a través del cultivo solidario y del autocultivo, lo cual implica que miles pacientes que necesitan mejorar su calidad de vida no se encuentren amparados en un marco de legalidad.
“A pesar del avance que se pudo llevar adelante es evidente que nos falta dar un paso más, que es la regulación del autocultivo y cultivo solidario que nos permita generar el acceso a toda la sociedad y que es justamente el estado el único capaz de garantizar, acompañar y promover este proceso. Debe existir una regulación que asegure un producto de calidad, que garantice los derechos de todos los pacientes a paliar su padecimiento y a mejorar su calidad de vida”, afirmó Alonso.