Buenos Aires
Mañana 26 de febrero a las ocho de la mañana en el Servicio de Hidrografía Naval, se “procederá a la verificación de los archivos obtenidos por la nave ‘Seabed Constructor’ al momento de ser ubicado el submarino ARA San Juan”.
Así se les informó de manera oficial a los diputados y senadores que integran la Comisión Bicameral que investiga la tragedia del 15 de noviembre de 2017 que terminó con la vida de los 44 tripulantes del buque de guerra.
La medida la dispuso la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, que tiene a su cargo el expediente judicial en el cual aún no hay ningún imputado.
Estas pericias son de extrema importancia ya que en torno a las 67.000 imágenes visuales y archivos sonoros -tomados por la empresa norteamericana Ocean Infinity a través de los vehículos submarinos autónomos (AUV) y del vehículo operado remotamente (ROV)- se generaron controvertidas versiones, sin sustento técnico, científico o judicial, que hablaban sobre el presunto daño que habría sufrido el material al llegar a la Argentina desde Sudáfrica en una valija el 4 de diciembre pasado o incluso ya en el país durante su resguardo judicial.
En la valija hay tres sobres con igual cantidad de discos rígidos. Quizás la confusión se haya generado porque desde el juzgado de Yañez se chequearon -con la presencia de peritos de la Policía Federal Argentina- los tres soportes informáticos. El primero se pudo chequear de manera eficiente ya que son fotos, o pixeles de estas que después conformarán una única imagen tridimensional.
Los otros dos discos, en cambio, no pudieron ser visualizados porque son fotos tomadas por “sondas multihaz” y para eso se necesita un software especial que en el país solo lo tiene el Servicio de Hidrografía Naval, organismo que depende de la Armada.

Defecto
Quizás alguna voz malintencionada quiso ver en esta imposibilidad un defecto técnico en dos de los tres discos rígidos aportados por Ocean Infinity. Como sea, el manto de sospechas se develará el martes en el edificio ubicado en la Avenida Montes de Oca 2124.
Si bien hay quienes de manera mediática criticaron a la jueza por utilizar el software de la Armada, ya que alguno de sus oficiales y exoficiales podrían estar comprometidos en el trágico incidente; Yañez justificó la medida al sostener que si no lo hacía así, debía llamar a una licitación para adquirir el sistema -cuyo valor puede oscilar entre los 35.000 y 50.000 dólares- a través del Consejo de la Magistratura de la Nación, y que esto podría demorar seis meses o más.
Además de los parlamentarios que deseen participar, fueron convocadas las tres querellas, los peritos designados, y los especialistas de la Policía Federal Argentina que colabora con la magistrada. De la medida pericial también participarán los principales integrantes del juzgado federal de Caleta Olivia y de la fiscalía que interviene.
Nadie tiene dudas que una vez visualizadas las imágenes y armado el rompecabezas de 67.000 figuras, esto se transformará en una de las principales piezas judiciales para que de una vez por todas la causa -que ya ingresó en su segundo año de derrotero- responda sus principales interrogantes: qué ocasionó la pérdida de plano del submarino que lo llevó a sobrepasar la máxima profundidad resistente provocando su implosión.
Esto fue una explosión precursora por acumulación de hidrógeno. Fue una incapacitación de la tripulación por la contaminación de la atmósfera interna con gas cloro o humo.
Fue el agravamiento del principio de incendio. Fue otro agente externo ¿El único submarino que estaba patrullando el Mar Argentino se encontraba en condiciones aptas para realizar tareas en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país? Y si esto no era así: ¿quién o quiénes son los responsables?
Entre otros aspectos también se deberá resolver si todos los tripulantes estaban debidamente capacitados y entrenados para los trabajos que se les asignaron, especialmente para la operación correcta del nuevo sistema de detección de hidrógeno que se instaló en la reparación de media vida; si había deficiencias o limitaciones técnicas importantes en el equipamiento o en los procedimientos operativos de rutina, contingencia y emergencia, como declararon algunos testigos y -entre otros puntos- si fue correcta o deficiente la asistencia en tierra suministrada al ARA San Juan y a sus tripulantes por parte del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), a cargo del capitán de navío Claudio Villamide, y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.
Esto es un punto clave, si desde tierra se le dieron instrucciones incorrectas al submarino originadas por un deficiente análisis del riesgo y/o exceso de confianza o complacencia por parte del COFS y del COAA sobre la situación reportada por el Capitán Pedro Martín Fernández, esta negligencia o impericia de sus jefes podría ser una de las causas principales de la tragedia.
Una evaluación aparte seguramente merecerá la participación que antes, durante y después de las primeras horas de ausencia de contacto con el navío, tuvo el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, el militar de mayor rango que declaró en la causa como testigo.
En cambio sus dos subordinados con responsabilidad directa sobre el ARA San Juan, Villamide y López Mazzeo, aún no lo hicieron ni en calidad de testigos, ni de imputados.