Buenos Aires
La ex presidente Cristina Kirchner recibió ayer un nuevo procesamiento en la causa de los cuadernos y le ratificaron su prisión preventiva, que “se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros”.
Así lo resolvió el juez Claudio Bonadio, al disponer también la ampliación del procesamiento de la ex jefa de Estado, que había negado los hechos.
El juez consideró que esa explicación es “inverosímil, aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad”, según la resolución a la que accedió Infobae.
También fueron procesados los responsables de la firma Electroingeniería, encabezados por el detenido Gustavo Ferreyra -detenido desde agosto pasado y acusado de ser miembro de la asociación ilícita-; y el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, procesado como organizador de la banda, entre otros.
El nuevo fallo analiza unas cinco entregas de dinero que habrían sido parte de los viajes relatados por el chofer Oscar Centeno y que no habían sido incluidos en un primer procesamiento.
“La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas con contratos de obra pública o concesionarias de servicios públicos”, sostuvo Bonadio.

Maniobras
“Estas maniobras no fueron sucesos aislados, sino que se trató de un claro mecanismo ilegal de recaudación que se desarrolló durante los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y que fue debidamente analizado” en fallos anteriores por la causa de los cuadernos.
En esa descripción, Bonadio agregó: “De esta manera, se determinó que un grupo de funcionarios públicos se encargaban de organizar y realizar el cobro a distintas empresas y, posteriormente, entregarlo a Héctor Daniel Muñoz en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad o en la Quinta Presidencial de Olivos”.
Y repasó también “cómo el dinero recolectado ilegalmente por la organización era trasladado en aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate”, vía Muñoz, ya fallecido.
Cristina Kirchner negó los hechos y subrayó que la cantidad de procesamientos que tiene en su contra son una persecución, pero el juez lo consideró “un mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no se condice con lo que surge de las constancias incorporadas a estas actuaciones”.
“Más allá de los testimonios que la vinculan con el sistema de recaudación ilegal de dinero centralizado en el ex Ministerio de Planificación Federal desplegado durante sus presidencias, no puede dejar de mencionarse que la interrelación entre funcionarios de distintos organismos del Estado Nacional nos da la pauta del conocimiento de las maniobras ilícitas detectadas en esta investigación. El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306 de esta ciudad), como así también en la Quinta Residencial de Olivos”, afirmó.

Socios
También fueron procesados Ferreyra por cohecho activo –que está preso- y Jorge Neira; y su socio Oscar Acosta como miembro de la asociación ilícita que pagó coimas.
Y fueron procesados sin prisión preventiva lo empresarios Mario Maxit y César De Goycoechea. Además se le amplió a Baratta y al ex funcionario Ezequiel García Ramón por recibir esas presuntas coimas.
“Se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Gerardo Luis Ferreyra, Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, César De Goycoechea y Mario Maxit habrían entregado u ordenado entregar sumas de dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los cohechantes”, afirmó la resolución de Bonadio.
Y afirmó que por ello “deberán responder Cristina Elisabet Fernández y Roberto Baratta, como coautores, por ser quienes ejercían la decisión sobre las acciones propias de la función pública que debían realizarse como contrapartida de la suma de dinero entregada, mientras que Fabián Ezequiel García Ramón deberá responder como partícipe necesario de la maniobra toda vez que brindó su colaboración para el desarrollo de las maniobras señaladas”.