Buenos Aires
La causa, que lleva adelante la jueza federal Marta Yáñez, recobró impulso luego del informe emitido por la Comisión Bicameral sobre las responsabilidades de la tragedia en la que murieron 44 marinos
La causa judicial que se instruye en la ciudad de Caleta Olivia por el hundimiento del submarino ARA San Juan parece haber recobrado algo de fuerza luego del informe emitido por la Comisión Bicameral sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.
La jueza federal Marta Yáñez llamó a declarar -luego de la feria judicial- al ex número dos del Ministerio de Defensa, Horacio Chighizola; y en un hecho considerado inesperado –pero solicitado por una de las querellas- citó al capitán de navío Daniel Iribarren, jefe del Centro Integración de Inteligencia Táctica Atlántico en el momento de la tragedia del buque.
Por otra parte, se confirmó una información adelantada por Infobae: uno de los responsables del área de submarinos, el contraalmirante Luis López Mazzeo, ex comandante de Alistamiento y Adiestramiento, solicitó el retiro, tal como se lo exigió el ministro de Defensa Oscar Aguad.
En cambio, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, aún no lo hizo y se espera que de “mantenerse en sus trece” (no cambiar de postura), se lo pase a retiro de manera obligatoria.
Este oficial, uno de los más cuestionados en el informe firmado en el marco de la Comisión Bicameral, entiende que de solicitar el retiro estaría admitiendo algún tipo de responsabilidad en el hundimiento de la nave.
Villamide y López Mazzeo son los dos marinos más apuntados en la evaluación parlamentaria. “Ya no tienen nada que hacer en la Armada”, se le escuchó decir a Aguad, quien fue duramente mencionado en el informe final de la Bicameral por “no saber manejar la crisis”.
Caso Chighizola
El interés de la jueza Yáñez de interrogar como testigo al ex viceministro de Defensa, quien hasta fines de febrero era secretario de Estrategia Militar, es para que relate -como ya hizo ante los parlamentarios- la demora que existió en la cadena de mando de la Armada en informarles a las autoridades políticas la falta de comunicación con el submarino. En este punto, los diputados y senadores de la Comisión Bicameral fueron contundentes al expresar las dilaciones y el ocultamiento de información por parte de la Armada que conducía el almirante Marcelo Srur.
“Esta conducta reprochable también comprende a la totalidad de las autoridades navales, que conociéndola –el incendio en el submarino- no la brindó al Secretario de Estrategia y Asuntos Militares – Horacio Aldo Chighizola- cuando concurrió al edificio Libertad en la mañana del 17 de noviembre de 2017?, señala el informe.
Según documentos en poder de este medio, el funcionario que entonces estaba a cargo del área -Aguad permanecía en Canadá por una reunión de ministros de Defensa- recién fue notificado de la desaparición del buque el día 16 de noviembre por la noche, aproximadamente a las 22 horas.
El submarino había realizado su última comunicación la mañana del 15 de noviembre y había sufrido un primer conato de incendio la noche anterior.
A las cinco de la madrugada, Chighizola se apersonó en el Edificio Libertad y solicitó la presencia de todo el Estado Mayor de la Armada. En esa primera reunión de urgencia, los altos mandos retuvieron información sensible y obviaron hablar del incendio en el ARA San Juan.
Por eso, Yáñez pretende que ahora el ex funcionario relate ante ella esa situación irregular.
Si bien hasta ahora no hay imputados en la causa, la magistrada, como los legisladores, apunta también a algunos mandos de la marina. En cuanto a Chighizola, deberá presentarse en el juzgado federal de Caleta Olivia el próximo 6 de agosto a las 9:30 de la mañana.
Caso Iribarren
La declaración del capitán de navío Daniel Ernesto Iribarren apunta en otro sentido. El oficial era el superior directo del cabo principal Enrique Castillo, hombre de inteligencia naval que se encontraba en el ARA San Juan al momento de su desaparición; era el único de los 44 marinos que no tenía preparación como submarinista y al momento de abordar -según aportó a la causa la abogada querellante Valeria Carreras- no había realizado ni siquiera el curso básico para conocer cómo actuar ante una emergencia.
Por esa razón, Carreras cuestiona de manera directa tanto a Iribarren como al ex director general de Inteligencia de la Armada, comodoro de Marina Esteban Zembo.
El 9 de octubre de 2018, el militar reconoció ante la Comisión Bicameral que en el ARA San Juan viajaba una persona de su equipo “con información base” sobre los buques que navegaban en la zona asignada al “patrullaje” del submarino.
Una de las operaciones militares que se le habían asignado al buque era realizar tareas de observación, no solo sobre posibles pesqueros que operaban de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, sino también para que trasmitiera las posiciones de los aviones y buques de guerra ingleses bajo el mando de la “gobernación Malvinas”.
Esta información revelada por Infobae inicialmente fue negada por las autoridades nacionales, pero finalmente fue confirmada por la abundante documentación aportada a la causa y al Congreso.
“Nosotros somos los responsables de adiestrar a nuestra gente en todos los temas operativos de la flota de la aviación naval y de la infantería naval. Por lo cual, cada buque que se desplegaba y hacía una patrulla de control de mar llevaba un hombre de inteligencia, sea una corbeta o un submarino”, explicó en su momento Zembo, que en abril de 2018 solicitó el retiro de la Armada. Lo mismo hizo Iribarren, quien pasó a desempeñarse como director de una escuela de suboficiales.
Ahora la jueza pretende conocer de su propia boca el grado de capacitación que tenía Castillo al momento de embarcar en el submarino y si es verdad que tuvo que hacerlo de un día para el otro por un malestar físico de otro de los miembros de inteligencia naval que sí contaba con una adecuada instrucción.
Castillo estaba a bordo porque así lo estipulaba la orden de operaciones (OP) “04/2017” que contiene todos los pasos de la misión que comenzó “el 25 de octubre y que incluía las tareas de inteligencia”, recordó la abogada Carreras a Infobae.
Ahora, la jueza a cargo de la causa se interesó en puntos que ya estaban en el expediente, pero que después del informe de la Bicameral, parecen haber despertado en Yáñez un valor mayor.