Buenos Aires
Se trata Daniel Galvagno, un joven abogado que militaba junto a la gobernadora cuando era ministra de Desarrollo Social. Su vinculación con la empresa que vendió productos de limpieza por la emergencia sanitaria.

El escándalo por la compra de lavandina con enormes sobreprecios por parte de la provincia de Santa Cruz acaba de sumar un nuevo capítulo que podría explicar el misterio de esa contratación.
La empresa que vendió los productos de limpieza en medio de la pandemia, “Emprendimientos NVCD”, fue creada un mes antes en la Ciudad de Buenos Aires y no tiene ningún antecedente de compras con el Estado. ¿Cómo llegó a venderle a la provincia que gobierna Alicia Kirchner? Uno de los socios, Claudia Idalia Bordón Noceda, aparece en otra firma, “Consultio SAS”, junto a varias personas oriundas de Río Gallegos.

Barcesat representa a la provincia de Santa Cruz y visitó a Alicia Kirchner junto a Galvagno.

Uno de los socios de Bordón Noceda en esa empresa es Roberto Daniel Galvagno, un militante que integraba la agrupación “Compromiso K”, liderada por Carlos Zannini, Rudy Ulloa y Damián Barijhoff, entre otros. Galvagno luego se sumó a las filas de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces, tiene estrecha relación con la actual gobernadora.
En los últimos tiempos, Galvagno se acercó a Eduardo Barcesat, un abogado vinculado al kirchnerismo y a las organizaciones de derechos humanos que lleva adelante varias causas ante la Corte Suprema como apoderado de la provincia de Santa Cruz, la misma que compró la lavandina. “Es solo un conocido, no tengo relación profesional ni trabaja en mi estudio”, aseguró Barcesat ante una consulta de este medio.

Sin embargo, Barcesat y Calvagno se reunieron con la gobernadora Alicia Kirchner, en marzo del año pasado, en la Casa de Gobierno.
Los abogados habían viajado a la provincia para presentar un amparo que impulsaba la Intersindical que nuclea a los distintos gremios que desempeñan tareas en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para que el entonces gobierno de Mauricio Macri garantice la “sustentabilidad” de la empresa y finalice la megausina de Río Turbio. “En la reunión (con la gobernadora) se trató el tema de YCRT, es un tema que él me acercó”, explicó el abogado constitucionalista.
Galvagno es oriundo de Río Gallegos pero emigró en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, y comenzó a militar en la provincia de Buenos Aires para el Frente Grande, una pequeña agrupación que integraba el Frente para la Victoria.

Desde 2009, trabaja como empleado en la CNRT. En sus redes sociales, se presenta como parte del “Foro para una nueva Constitución”, creado a fines de 2018 por un grupo de abogados que encabezaba Raúl Zaffaroni y proponía una reforma de la Carta Magna. “Galvagno tenía una participación menor, no estaba en el consejo directivo”, dijo una fuente que integró ese grupo, ya disuelto.
En su cuenta de Facebook, Galvagno suele difundir entrevistas a Barcesat, charlas del “maestro” Zaffaroni, y decenas de campañas oficiales vinculadas a la pandemia. Hace dos años, también utilizó esa cuenta para difundir una actividad en el Instituto Patria. En la imagen de ese evento aparece sonriente junto a Oscar Parrilli y el propio Barcesat.
Además de Galvagno, en “Consultio SAS” también figura la abogada Camila María Rumi, nombrada en febrero pasado como Directora de Gestión Administrativa, para trabajar en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, según reveló el periodista Andrés Ballesteros. La designación estuvo a cargo de la Secretaría General de la Gobernación. Hasta febrero, Rumi trabajaba en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia (2013-2019). Según los registros comerciales, también estuvo en la Secretaría General de la Presidencia y en el Ministerio de Economía.
El tercer representante de Santa Cruz en “Consultatio SAS” es Ernesto Alfredo Fasola, actual empleado de la Auditoría General de la Nación (AGN), a donde habría llegado de la mano del auditor Juan Ignacio Forlón, amigo de Máximo Kirchner. Farola también estuvo en el Banco Central y en el Nación.
Los tres santacruceños crearon “Consultatio SAS” en agosto del año pasado junto a Claudia Idalia Bordón Noceda, la mujer que logró venderle lavandina y otros productos de limpieza a Santa Cruz en medio de la emergencia por la pandemia.
“Es el mismo modelo que venimos señalando en Santa Cruz hace tantos años. El caso ya está denunciado pero la Justicia de la provincia está plagada de militantes”, opinó el diputado de Cambiemos Alvaro de Lamadrid.

La lavandina con sobreprecios y una empresa ad hoc
Mediante la resolución Nº 0222, el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz contrató a la empresa “Emprendimientos NVCD” para proveer kits de limpieza a las personas de menores recursos. La contratación directa, por $1.890.000, incluía 4000 litros de lavandina, jabón, desodorante, trapos rejilla y trapos de piso.
En el caso de la lavandina, “Emprendimientos NVCD” ofreció cada botella de 1 litro a un valor de $128,65, muy por encima de otro oferente, la empresa Distribuidora Sureña SAS, que vendía el mismo producto a $57. Según consta en la resolución oficial, a la que tuvo acceso Infobae, fueron invitadas cinco empresas, pero solo presupuestaron esas dos.
Llamativamente, Distribuidora Sureña ofreció un presupuesto total por $343.000, pero aclaró que no tenía stock. Con ese escenario, la provincia de Santa Cruz decidió pagar $1.890.000 a otra empresa desconocida.
“Emprendimientos NVCD” fue creada el 3 de marzo con un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires: Alsina 2520, donde funciona un edificio de viviendas particulares. Esa firma tiene dos socios: Gustavo Naranjo, un periodista de Rosario, y Claudia Idalia Bordón Noceda quien aparece en casi veinte sociedades de diferentes rubros.
Pese a no tener antecedentes de compras con el Estado, la empresa fue contratada por Santa Cruz justo un mes después de su creación, el 3 de abril. La factura entregada por “Emprendimientos NVCD” es la 0001. Por si faltaba algo, el correo electrónico que figura en el expediente administrativo termina en 00. Infobae intentó comunicarse por esa vía pero nadie contestó las preguntas.
La escandalosa contratación fue descubierta por una integrante del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Yanina Gribaudo, la única que responde a la oposición.
Esa funcionaria también viene denunciando sobreprecios de hasta 40% en compras de alimentos, todas ordenadas por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz. (Fuente: Infobae)